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La trama detrás de los intentos para que la nueva composición se apruebe en Diputados. Las trabas y el rol de la Corte Suprema
El senado le dio media sanción a La reforma de la magistratura / Twitter
El tironeo por la nueva composición del Consejo de la Magistratura está signado por una cuenta regresiva. Si el Congreso no saca una nueva ley antes del viernes 15 de este mes, el organismo volverá a su integración inicial. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además de sumar más miembros que los actuales, eso supone que la propia Corte volverá a ser parte central del Consejo, que tiene como misión designar y remover jueces federales. Eso es lo que no quiere Cristina Kirchner, que tiene una suerte de obsesión contra el máximo tribunal.
El jueves último, la vicepresidenta tuvo un pequeño triunfo en su cruzada: logró que el Senado, con el voto del Frente de Todos y pequeñas bancadas aliadas, le diera media sanción al proyecto K que modifica la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y que excluye a la Corte Suprema como integrante del mismo.
Justamente la oposición de Juntos por el Cambio reclama, como condición excluyente para facilitar cualquier debate parlamentario, que la Corte integre sí o sí el organismo, que fue creado con la reforma de la Constitución de 1994.
Ahora, el proyecto pasó a Diputados para ser tratado en los próximos días. Todo parece indicar que es muy difícil que se convierta en ley antes de la “dead line” que fijó la Corte lo que configuraría una derrota para la vice. Algunos datos:
- La semana próxima es corta debido al feriado de Semana Santa. El propio jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, casi que descartó un final feliz para el proyecto de Cristina. “El tiempo es muy escaso para darle un tratamiento responsable”, dijo. Martínez no es un cuadro cristinista. Es, si se quiere, más cercano al presidente Alberto Fernández quien, por cierto, había respaldado el texto votado.
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- Según trasciende de fuentes kirchneristas, con tal de sacar la ley a tiempo Cristina estaría dispuesta a que Diputados modifique el proyecto que le giró el Senado, incorporando a la Corte Suprema al Consejo. Si esto se concreta, la discusión se reduciría a si el eventual representante del máximo tribunal debería presidir el organismo o sólo integrarlo como un miembro más.
No es menor el tema: los opositores más duros dicen que la presidencia del Consejo le corresponde a la Corte Suprema; los más blandos se conforman con otorgarle sólo un sillón.
Entre estos últimos, todo el mundo mira a la diputada peronista disidente Graciela Camaño quien, por cierto, integra el Consejo de la Magistratura en representación de la oposición en la Cámara. Ella defiende la idea de que la Corte integre el organismo, aunque no lo presida. Y tiene un proyecto propio con otros cambios de funcionamiento, que podría fusionarse al texto que giró el Senado.
- Si Diputados hace ese cambio, el proyecto debe volver al Senado -como cámara de origen- y éste debería aprobarlo en trámite exprés. Dicen que Cristina ya avisó que eso es perfectamente posible.
En la Cámara baja, el Frente de Todos cuenta con 117 votos propios. Le falta una docena para alcanzar el quórum para sesionar y sacar la ley. Hay cuatro bancas de un bloque “provincial” que integran representantes del interior, que el peronismo descuenta que acompañarán. Y está la Izquierda, que tiene cuatro poltronas. Para seducir a esa facción, Cristina mandó a decir que la diputada Miriam Bregman podría ser una de los representantes del Congreso en la nueva integración. Por ahora no queda claro que posición adoptarán.
¿Por qué el Congreso está tratando este tema? Porque en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura, que quedó configurada por una reforma del año 2006. Aquella reforma, que bajó de 20 a 13 los miembros del organismo, reconoce como autora a la entonces legisladora Cristina Kirchner.
La Corte dijo que la reforma contrarió lo que idearon los constituyentes del 94 y se plasmó en la Carta Magna. Y le dio a la política 120 días para que saque una nueva ley de integración. Si en ese lapso no se aprueba una nueva norma se deberá volver a la ley original, que formateó el Consejo con 20 miembros (representantes de abogados, catedráticos, jueces, abogados) y estipuló que el presidente de la Corte Suprema sea su titular.
El organismo es clave: debería administrar los fondos del Poder Judicial pero, además, propone los candidatos a jueces que luego eleva el Presidente de la Nación al Senado para otorgarles el acuerdo correspondiente y sanciona a los magistrados, y los puede mandar a juicio político, si estima que no han cumplido sus funciones o tuvieron una conducta incorrecta.
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