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Una nueva protesta del campo contra el Gobierno se desarrolla en el país. El "tractorazo", que no cuenta con el apoyo de la mesa de enlace nacional pero sí de más de 200 entidades rurales del interior, se lleva a cabo en el centro porteño y se instaló con varios reclamos y un proyecto de ley para eliminar las retenciones.
Se pueden ver varios vehículos y ruralistas por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en una movilización que se desarrolló por las avenidas Libertador y 9 de Julio y confluyó en una concentración en la Plaza de Mayo. los productores agropecuarios leyeron una proclama en la que, entre otras cosas, afirmaron: “No estamos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan”.
De a poco se fueron colmando los puntos de encuentro por camionetas y vehículos particulares que llegaron desde todo el país. Uno de ellos fue el cruce de las rutas nacionales 8 y 9 con la 193, por lo que estaba previsto que desde allí y por Panamericana, partieran hacia Udaondo y Avenida del Libertador donde, en caravana, se juntarán con los tractores para marchar hasta Plaza de Mayo.
Ayer a la tarde habían comenzado a llegar a la Capital los tractores, cargados en camiones transportadores. La protesta no es convocada ni tiene el aval oficial de la llamada Mesa de Enlace nacional, que reúne a cuatro entidades rurales grandes (Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y CRA), pero sí participan varios de sus miembros a título personal e incluso delegaciones provinciales de esas instituciones. Según los organizadores, la movida cuenta con el apoyo de 200 entidades pequeñas vinculadas al campo.
La marcha fue convocado por el enojo de los productores que estiman como políticas oficiales adversas hacia el sector. Es, en verdad, la resultante de la histórica mala relación entre el kirchnerismo y los ruralistas, a lo que se suman un par de datos coyunturales. Como el faltante de gasoil -un insumo clave para la producción agropecuaria-, la brecha entre el dólar oficial, al que se liquidan las retenciones a las exportaciones de granos, y el paralelo, y el aumento de la presión impositiva.
En este sentido, la última suba de tres puntos porcentuales en las retenciones a los productos derivados de la soja, como harina y aceites (se fueron al 33 por ciento), parece haber actuado como detonante de la protesta. Que, además, tiene mucho de desconfianza sobre lo que vendrá: los ruralistas sospechan que el Gobierno continuará aumentado la presión tributaria sobre el sector, al que presentan como al borde de la pérdida de rentabilidad.
Esta mañana, en ese marco de movilización, el Gobierno salió a decir que el campo no será alcanzado por el impuesto a la renta inesperada anunciado por el ministro de Economía Martín Guzmán, y que generó gran debate. Fue el propio ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien desde Israel, en donde presentó el Plan Nacional de Riego Sustentable 2030, a través del cual se busca desarrollar capacidades productivas de la Argentina, afirmó que ese sector “está afuera” del impuesto.
En diálogo con La Nación, el funcionario manifestó que “no me corresponde a mi analizar los motivos de la protesta. Si hay un reclamo se lo escuchará, como siempre lo hemos hecho”. En ese sentido remarcó que el diálogo con las entidades de la mesa de enlace “es semanal y constante”, y que “en función de los reclamos nos hemos ido manejando. Es mi segunda gestión en el ministerio y siempre al que tuvo algo para decir lo vamos a escuchar”. Además, según publicó el diario Clarín, Domínguez aseguró que "yo soy ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y no hablo de consideraciones políticas ni de motivaciones". Y agregó: "Siempre nuestra prioridad, lo hemos dicho desde el primer momento, es el productor. Lo hemos definido en la Argentina como la gallina de los huevos de oro. En la centralidad de las políticas del Ministerio todo se entiende a partir de cuidar al productor". Por último resaltó que "el productor argentino no captó la renta inesperada, porque vendió su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un costo del 60% de los fertilizantes, que están faltando en el mundo y que han tenido un incremento absolutamente inesperado".
Cabe recordar que además desde el oficialismo, y a modo de refutación, sostienen que el campo ha sido beneficiado por el fuerte incremento del precio internacional de los alimentos y granos debido a la guerra en Ucrania (ese país y Rusia son grandes productores) y que casi no tiene motivos para quejarse. La idea del impuesto a la “renta inesperada”, que mira al ruralismo como uno de los posibles sectores a gravar, generó más efervescencia, aunque es probable que esa iniciativa nunca se convierta en ley porque el oficialismo tendrá serios problemas para aprobarla en el Congreso.
Según los chacareros, la protesta -que de acuerdo a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti es “absolutamente política”- se hará en un día del fin de semana para alterar lo menos posible la vida de los habitantes de la CABA. Una forma de diferenciarse de los piqueteros duros, que suelen marchar en días hábiles.
Pero el clima previo se tornó levemente hostil el jueves, a raíz de declaraciones del ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, quien dijo, desafiante, que los ruralistas “ni sueñen” con entrar los tractores a la Ciudad. Como diciendo: “No los vamos a dejar”.
Veinticuatro horas después, ayer al mediodía, Aníbal reculó bastante. Aclaró que el Gobierno nacional no estará involucrado en el operativo de prevención. “Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires, nos ocupamos solamente de los espacios federales”, dijo en una rueda de prensa. “Somos responsables de Casa de Gobierno y de la Catedral”, aclaró. Venía de reunirse con el presidente Alberto Fernández, quien acaso le haya recomendado que deje hacer al campo, para evitar que aumente el malestar ya existente y para que la oposición no capitalice ese descontento.
De hecho, a modo de respuesta a aquellas declaraciones desafiantes de Aníbal del jueves, un grupo de dirigentes de Juntos había presentado una acción de amparo para “garantizar” que los tractores -un símbolo del ruralismo- pudieran circular hoy de manera libre por las calles porteñas. Entre otros, firmaron el pedido Waldo Wolf, Ricardo López Murphy y Pablo Torello.
Según reveló Aníbal frente a la prensa, ayer habló con su par de Seguridad de la CABA, Marcelo D’Alessandro y éste le dijo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había autorizado el ingreso de los tractores a la Ciudad. “Entonces ya no tenemos nada que hacer nosotros”, dijo.
Inmediatamente, D’Alessandro recogió el guante y salió a enredarse dialécticamente con Aníbal. Le dijo al portal Infobae: “Los derechos no se autorizan y en la Ciudad las reglas son las mismas para todos: el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional. Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular de las 3.000.000 de personas que viven en CABA y los otros 3.000.000 que ingresan diariamente”.
El funcionario porteño explicó que los ruralistas pidieron el permiso correspondiente y se comprometieron a no obstruir la circulación. Pero que la autorización gubernamental no implica un aval político a la marcha. Fue un modo de refutar cierta jugarreta discursiva de voceros del albertismo que intentaron presentar a un Larreta apoyando la protesta rural pero no a las manifestaciones que hacen los sectores sociales pobres, pidiendo comida y más planes.
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