Debería haberse segmentado la suba del 60% a los empleados estatales

La decisión de la Provincia de estirar al 60 por ciento la suba salarial para estatales y docentes –como se sabe, decidió sumar dos cuotas del 10 por ciento cada una hasta fin de año al aumento del 40 por ciento ya pautado- si bien constituye una respuesta a la disparada inflacionaria, merece ser objetada en el sentido de que ese incremento no está segmentado, ya que es similar para todas las categorías y, por consiguiente, resulta comparativamente excesivo para los cargos más altos en relación con los más bajos de la escala salarial.

La decisión oficial comprende el aumento del 60 por ciento a la totalidad de los sectores de la administración pública. Esto es, incluye a docentes, estatales, judiciales y médicos. También alcanzará a los jubilados del IPS y se presume que llegará tanto a la Policía como a los efectivos del Servicio Penitenciario.

Se sabe que la Provincia había acordado con los gremios un aumento promedio del 40 por ciento para este año a pagar en tres cuotas: 16 por ciento desde el 1 de marzo (ya se abonó), 10 por ciento más desde julio y otro 14 por ciento en septiembre. Pero a raíz de la aceleración de la inflación (la acumulada en los primeros cuatro meses fue del 23,1 por ciento), los sindicatos fueron a la carga para reclamar la reapertura de la negociación.

A partir del acuerdo al que las partes arribaron, se sumará otro 10 por ciento en mayo (que se cobrará con la liquidación de fin de mes) y otro 10 por ciento en diciembre. Así, el acumulado del año llegará al 60 por ciento.

Cabe señalar que, aún con ese porcentaje, es probable que los sueldos de los estatales queden hacia fin de año por debajo de la inflación si es que el incremento de los precios no encuentra dique de contención. Por eso, el Gobierno y los sindicatos convinieron mantener vivos dos mecanismos: el monitoreo permanente para el caso de que el aumento quede en alguna parte del año detrás del costo de vida, y una reunión paritaria final en diciembre para eventualmente acomodar el número final.

No se cuestiona aquí la justicia de un incremento dispuesto. Como bien se sabe, la inflación está marcando récords sobre los índices de las últimas tres décadas, reavivándose así un problema que ya es crónico en el país y que se ha visto recrudecido ahora.

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De lo que se habla es de la inequidad existente al fijarse un incremento que, para los que cobran los salarios más altos, será nominalmente mucho más abultado que el incremento que perciban quienes figuran en las categorías más bajas del escalafón.

Se sabe que en las escalas salariales básicas de la Provincia, en la mayoría de los organismos, hay sueldos básicos que alcanzan los 270 mil pesos mensuales, que casi quintuplican el monto fijado para el sueldo de las categorías más bajas, de modo que la fijación de un aumento similar del 60 por ciento para ellos supone la fijación de un incremento notablemente excesivo para quienes se encuentran en la cumbre del escalafón. Y, desde luego, casi insignificante para los sueldos inferiores.

Si bien se conoce que existen recategorizaciones de las categorías más bajas y otros mecanismos de compensación para ellas, la grave crisis que plantea en estos meses la vertiginosa escalada de los precios y, por cierto, la elevada inflación, convierte en estos momentos en razonable la alternativa de segmentar los incrementos salariales, de modo que quienes ganen menos puedan recibir mayores porcentajes de aumento. Si bien el principio de la igualdad es esencial para definir estas situaciones, por encima se encuentra la equidad, que es la que contempla y ordena las más justas definiciones.