Este año la Argentina podrá batir fácilmente el record de piquetes establecido en 2021 con 6.658 cortes de calles realizados en distintas partes del país, según estadísticas que se vienen llevando desde hace dos décadas. Ahora, en los primeros cinco meses del año ya hubo 3.448 y según las estimaciones, de mantenerse la progresión, el 2022 cerraría en torno a los 11.300 piquetes. Cuesta entenderlo, pero es así.

Los números dan la pauta de la elevada meseta en que se afianzó la cantidad de protestas callejeras –que ya deben contarse por días y forman parte del GPS de la gente-, pero no traducen los enormes perjuicios para la población y para el país todo, derivados de una sistemática y verdadera ola de manifestaciones de reclamos de movimientos sociales, transportistas y todo cuanto sector, por pequeño que a veces sea, se considere con derechos para cortar autopistas, avenidas y demás. Entre ellos, escolares de muy poca edad.

Lo que siempre se temió –y, por cierto, nunca se deseó- ocurrió anteayer en la Autopista La Plata-Buenos Aires. En medio del embotellamiento que originó una protesta de camioneros por la escasez de gasoil, quedó atrapada una ambulancia que transportaba a un paciente para internar de urgencia en un centro médico. El grave estado de salud que padecía el hombre obligó a realizar un espontáneo y dificultoso operativo de emergencia para abrirle paso a la ambulancia. La larga demora complicó, desde luego al enfermo, que finalmente pudo ser internado.

Gente que debe acudir a un compromiso laboral o personal, que necesita llegar con tiempo a un aeropuerto o a una estación, que tiene un turno médico conseguido hace mucho, que enfrenta compromisos críticos y que, de pronto, se encuentran con las calles anuladas.

Se trata en suma de la aparición cotidiana de situaciones totalmente irracionales por los efectos que causan, que no encuentran excusa posible en ninguna demanda de tipo salarial, laboral o de otra índole. No se trata aquí de cuestionar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, que puede ejercerse perfectamente de muchas maneras, sin avasallar los derechos de los demás, sin poner en riesgo la salud, los bienes, el trabajo y hasta la vida de miles de personas y sin trastornar la dinámica de grandes ciudades. Ningún derecho puede asentarse sobre bases anárquicas, que se oponen a las leyes.

Largas hileras de camiones llegaron a bloquear carreteras de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Tucumán -donde hubo incidentes-, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Se trató, sin duda, de una manifestación importante, basada en demandas críticas como la de obtener gas-oil para poder trasladar mercaderías. Como se ha dicho, el reclamo está fuera de discusión: los modos de instrumentarlo son los que merecen serias objeciones.

Se ha dicho en forma reiterada que nada debiera impedir –salvo la falta de sentido común- que los reclamos ante las autoridades puedan realizarse, sin que impidan por completo el libre tránsito de las personas por las calles. Con sólo ocupar un carril y no la totalidad de la calzada, podrían compatibilizarse perfectamente ambos derechos constitucionales: el de peticionar ante las autoridades y el de garantizar la libre circulación.

Lo que ha venido ocurriendo con los piquetes es que las distintas autoridades con incumbencia en este tema han adoptado –y luego consolidado- un criterio de incomprensible permisividad. Casi podría decirse que se ocupan más en garantizan los cortes de calles que el derecho de la gente a transitar. El resultado de esta política está a la vista, se está llegando al colapso absoluto del tránsito.

Debe insistirse en que no se pone en duda la alternativa de que distintos sectores sociales puedan ejercer el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. Pero esos derechos no pueden ejercerse sobre la base de impedirle a la población el ejercicio pleno de sus facultades ciudadanas.

Son muchos, además, los riesgos latentes que pueden derivar de negarle a la gente llegar con facilidad a su destino.