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La movida para que dejen de ser controlados por los movimientos sociales y queden en manos de las provincias y los municipios
Cristina Kirchner, con la mira puesta en los planes sociales / Web
Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
Subyace una gran hipocresía detrás del debate que instaló Cristina Kirchner en lo más alto del poder, con su reciente diatriba para que los planes de asistencia dejen de ser controlados por los movimientos sociales y pasen a ser administrados por las provincias y los municipios, bajo el argumento de que el Estado debería ejercer el monopolio de la ayuda a los pobres. Se presenta como una movida para dignificar el rol de la persona asistida pero, en verdad, se trata de una disputa para lograr un cambio de “gerentes”, en la búsqueda de un beneficio político.
En este sentido, le vino como anillo al dedo a la vicepresidenta -cuya tesis fue rápidamente comprada por gobernadores y, sobre todo, por intendentes- la declaración sincericida de un dirigente del trotskista Polo Obrero confirmando que esa organización le retiene el 2 por ciento del Plan Potenciar Trabajo a cada beneficiario del espacio. ¿Para qué? Por más que quisieron maquillar explicaciones, es claro que esa masa de dinero se destina a “la política”, una generalidad entendida como el sostenimiento de estructura y logística.
Pero el Polo Obrero no es una organización piquetera oficialista. Al contrario. En verdad, lo que molesta al cristinismo es el amplio espacio de movimientos sociales que responden al presidente Alberto Fernández y que, de hecho, integran el gobierno nacional manejando justamente la administración de los planes.
A modo de simplificación extrema, suele mencionarse al Movimiento Evita como ejemplo de eso pero en realidad son más. Sucede que el Evita es el más extendido, con muchos cuadros dirigenciales formados en el peronismo de izquierda y ha tomado la decisión política de disputarle poder en muchos distritos del Conurbano a los célebres barones del PJ y a la agrupación La Cámpora, que mueve recursos generosos y se concibe a si misma como la renovación generacional del justicialismo.
Así, Cristina les hace un guiño a los gobernadores del PJ para subirlos al ring contra el piqueterismo (ayer los mandatarios se reunieron en Chaco por este tema) pero, esencialmente, lo que en verdad le interesa es el Conurbano bonaerense, que es la zona donde reside su núcleo duro de votantes y cuenta con la mayor cantidad de beneficiarios de planes del país.
Es un electorado muy golpeado por la inflación y el trabajo informal y, se reitera, una geografía donde las organizaciones sociales le disputan representación al cristicamporismo y a sus aliados -vía un acuerdo entre Máximo Kirchner y el lomense Martín Insaurralde-, que son los jefes comunales. No es casual que el Evita esté blanqueando por estas horas su idea de armar un partido político formal para ponerlo al servicio del Presidente en un eventual duelo electoral con el kirchnerismo duro.
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Ese esquema parecería ir tomando forma y es por eso que la vice quiere fortalecer a los intendentes del Gran Buenos Aires, entregándoles el manejo de los planes. Si hasta los macristas de PRO, con cierta ingenuidad, dicen estar de acuerdo con la transferencia de los programas sociales a los municipios, como expresaron públicamente el platense Julio Garro y su par de Lanús, Néstor Grindetti. Las malas lenguas aseguran que fue luego de una charla sobre el tema con Insaurralde, que es el jefe de gabinete de la Provincia. Son las mismas que también recuerdan que durante el gobierno de Mauricio Macri aumentaron sustancialmente la cantidad de beneficiarios.
Ese milagro de que los amarillos estén de acuerdo en algo con Cristina, obviamente obedece a necesidades diferentes.
Para los alcaldes opositores, se trata de tener una ventaja invaluable sobre los desafiantes del peronismo, que en sus distritos son la oposición. Y para Cristina, como parte de una estrategia que ya no es secreto: fortalecer políticamente en la provincia de Buenos Aires a su propio espacio dentro del FdT, que como se ha visto es crítico del manejo económico de Alberto Fernández. Tratando de retener la gobernación en 2023 y que la mayor cantidad de municipios posibles traccione hacia ese objetivo, aún si a nivel nacional el peronismo sufre una derrota. Empoderar ahora a los intendentes del PJ bonaerense, aún cuando ella siempre los ha despreciado, suena pues a movida táctica para eso.
Es notable cómo con el tiempo han cambiado algunas cosas pero otras se mantienen igual. Entre las primeras: Cristina tiene a su pupilo predilecto en La Plata (Axel Kicillof es uno de sus referentes económicos), luego de largos períodos de frialdad con los gobernadores de turno cuando era jefa de Estado; y el PJ bonaerense es presidido por su hijo Máximo, tras años de que el kirchnerismo no le dio importancia al sello y hasta le jugó electoralmente enfrente. Entre las segundas cosas, es interesante cómo persiste esa suerte de síndrome de Estocolmo que tienen los intendentes con Cristina. Algo de mérito tiene Alberto F. en eso.
Sólo basta recordar que, en verdad, el paulatino empoderamiento de los movimientos sociales con la administración de los planes comenzó en su primera gestión. Fue un reflejo del fallecido Néstor Kirchner cuando perdió la elección de medio término de 2009, frente a Francisco De Narváez.
Antes de esa fecha, los municipios del Conurbano -la mayoría peronista- tenían injerencia directa en los planes sociales, en coordinación con el ministerio de Desarrollo Social nacional que manejaba la hermana Alicia, hoy gobernadora de Santa Cruz. Pero cuando fue el traspié electoral, Kirchner culpó por ello a muchos intendentes, cuyas boletas distritales habían obtenido mejores porcentajes que la papeleta que lo candidateaba a él al Congreso. Los piqueteros aumentaron así su empatía con el kirchnerismo, al punto que dirigentes como Emilio Pérsico, el Chino Navarro o Luis D’Elía, por nombrar sólo a algunos, se volvieron soldados del santacruceño. Hoy, obviamente, son escuderos de Alberto Fernández. Y acaso próximos rivales de Cristina.
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