Renta inesperada, un impuesto que viene a llenar muchos huecos fiscales

El Poder Ejecutivo Nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley para aplicar un nuevo impuesto, esta vez a la “renta inesperada”, que pagarían en 2023 empresas con ganancias superiores a mil millones de pesos. Se trataría de una alícuota del 15% sobre el aumento de sus utilidades (a valor constante), sujeto a otras restricciones con relación a la magnitud de sus utilidades respecto a sus ingresos, o que tal cociente haya aumentado como mínimo en cierto porcentaje versus el año anterior.

Según revela un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, si ese impuesto estuviera vigente en 2022, recaudaría entre 0,2% y 0,3% del PBI. No parecen demasiados recursos para el daño que generaría a la economía a corto y largo plazo. En primer lugar, significaría un nuevo aumento en la presión tributaria que sufren las empresas (en este caso de mayor tamaño), que así pasaría de 28,1% a 28,6% de sus ingresos por ventas en el sector industrial, siendo que Argentina, junto a Brasil, se ubican entre los países con mayor presión tributaria legal del mundo.

En segundo lugar, si se aprueba el mencionado proyecto de ley significaría un nuevo impuesto transitorio, que en Argentina siempre tienen chances de permanecer a largo plazo, o que luego se requiera de otro impuesto transitorio para sustituir los recursos que entregaba el anterior. Recordemos que el año pasado ya se aplicó por “única vez” el Aporte solidario y extraordinario, un impuesto a la riqueza personal.

Los recursos del Sector Público Nacional subieron un 67% frente a una inflación del 53%

Ocurre que cada vez que se aprueba un impuesto transitorio, los mayores recursos normalmente incentivan una suba en las erogaciones del Estado, y dado que generalmente el nuevo gasto se mantiene en el tiempo, luego se requiere que el impuesto transitorio se convierta en permanente (impuesto a los débitos y créditos bancarios, derechos de exportación, y muchos otros de una larga lista que empieza con ganancias allá a principios del siglo XX) o que se creen nuevos tributos transitorios que reemplacen los recursos aportados por los anteriores. Así, la presión tributaria ha subido casi sin pausas desde el 2003, exceptuando dos años de la anterior administración de gobierno.

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En tercer lugar, no se trata sólo de un aumento en la presión tributaria, si no de una nueva señal acerca del rumbo económico del país, incrementando la percepción de inseguridad jurídica y afectando negativamente la inversión a largo plazo. ¿Quién puede invertir en un país que cada vez que a algún sector le va mejor le aplican un nuevo impuesto o le suben los existentes?, se preguntan en el informe.

Para quien tiene rentabilidad (empresas) o altos ingresos (familias) ya existe el impuesto a las ganancias (en Argentina y en la mayoría de los países del mundo), en el cual mientras mayores resultan los ingresos proporcionalmente se paga más. Adicionalmente, para muchos sectores, especialmente para el agropecuario, existen Derechos de Exportación, que al ser reintroducidos en 2002 también se anunciaron como transitorios.

Finalmente, se debe responder la siguiente pregunta: ¿quién goza de mayor “renta inesperada” en Argentina? Mientras para las 10 mayores empresas argentinas que cotizan en Bolsa el aumento nominal promedio de sus ingresos en el primer trimestre del año resultó del 58%, en el mismo lapso los recursos del Sector Público Nacional (SPN) subieron un 67%, frente a una inflación interanual del 53%.

NÚMEROS DEL AÑO

En el primer cuatrimestre del año, en que los recursos del Sector Público Nacional subieron un 70% (con una inflación del 54%), y con erogaciones estatales aumentando también fuertemente por arriba de la inflación (75%), el déficit primario resultó equivalente a 0,4% del PBI anual en cuatro meses, cuando podría haberse obtenido un superávit de 0,3% si el gasto se hubiera limitado a copiar el sendero de la inflación. Seguramente estamos transitando otro período histórico en que con más recursos se deja pasar la oportunidad de bajar más rápidamente del déficit fiscal o de pasar al superávit, por llevar a cabo una política de gasto demasiado expansiva.

Se trata, además, de un proceso a largo plazo: entre el 2000 y 2021, el PBI generado por empresas subió un 37% en valores reales, frente a una expansión del 146% en el gasto del SPN en el mismo lapso. De más está decir que ni familias ni empresas reciben mayores o mejores servicios del Estado en estas dos décadas, salvo el hecho que ahora millones de personas adicionales reciben ingresos desde el sector público (nuevos empleados públicos, jubilados sin aportes, planes sociales y otros).

En el mismo período de poco más de dos décadas, el empleo público subió un 80%, cuando el empleo asalariado formal privado lo hizo un 57%. En 2022, además, los salarios públicos exceden en un 15% al salario privado formal promedio. Como se lo mire, parece que es el sector público quien debe ajustar sus gastos y desequilibrios, para que Argentina tenga posibilidades de volver a la senda del crecimiento, agrega el informe.

El mencionado proyecto de ley contempla que los recursos aportados por el impuesto a la renta inesperada sean participados con las provincias, que de aprobarse proveería un aumento de ingresos totales de entre 0,2% en CABA hasta un 1,6% en Catamarca.

Está claro que esta disposición busca sumar a los gobernadores a la estrategia de subir la presión tributaria para evitar contener el gasto del estado, algo que la mayoría de los mandatarios provinciales muy probablemente comparten.

Se trata del atajo de buscar aprobar reformas con el apoyo de las provincias menos pobladas, que pesan más en el Senado, muchas de ellas con mala calidad institucional -y fuertemente dependientes de las transferencias nacionales y, por ende, con menor margen para decidir en forma autónoma. El tipo de atajos que mantiene al país estancado o en decadencia desde hace mucho tiempo.

En 20 años, ni familias ni empresas reciben mayores o mejores servicios del Estado

¿PARA QUÉ SE USARÍA EL DINERO RECAUDADO?

Alberto Fernández aseguró que con el proyecto de renta inesperada “vamos a poder ver quién se para de cada lado” y advirtió que ese dinero “va a servir para que las provincias puedan desarrollarse mejor y podrá usarse para ayudar a los que quedan más postergados, para emprendimientos de alimentos o para grandes proyectos productivos en cada provincia”.

“En ese debate vamos a saber quiénes apuestan a eso y quienes apuestan a la concentración de la riqueza”, definió en un reportaje con Página/12.

Un estudio del Observatorio de Políticas Públicas Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) detalló punto por punto de qué se trata la ley que impulsó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El proyecto plantea una sobrealícuota del 15% sobre el impuesto a las Ganancias y sólo a compañías. Se calcula sobre la diferencia entre la ganancia real del presente ejercicio económico respecto del ejercicio anterior (no sobre la ganancia total).

Se estima que alrededor de 350 empresas serán alcanzadas por el gravamen en caso de aprobarse sin modificaciones, y que se recaudará alrededor de $200.000 millones, según revela el informe.