Réplica del Presidente: apuntó al Procurador Casal

El presidente Alberto Fernández contestó ayer al jefe de los fiscales que las expresiones vertidas respecto del fiscal que pidió una pena de doce años de prisión a la vicepresidenta, Cristina Fernández, por presuntos delitos de corrupción “de modo alguno” intentan condicionar el accionar del funcionario.

El procurador general interino, Eduardo Casal, había enviado el jueves una nota al mandatario en la que había expresado una “profunda preocupación” por las expresiones que había realizado en una entrevista televisiva y que implican una “perturbación” al ejercicio de las funciones del fiscal Diego Luciani -quien también solicitó la inhabilitación de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para desempeñar cargos públicos-, así como “una injerencia indebida”.

Alberto Fernández había comparado el miércoles último la situación del fiscal Diego Luciani -que acusa a Cristina Fernández de haber sido la “jefa” de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado cuando era mandataria- con la del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto con un disparo en la cabeza en 2015, horas antes de presentar una denuncia en el Congreso contra la entonces presidenta.

Según la nota que Alberto Fernández envió ayer al procurador, sus expresiones “en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario”, lo cual quedó “claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”.

No obstante, señaló el mandatario, “el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”, y se refirió al caso del ex presidente brasileño Lula Da Silva quien “fue condenado y encarcelado injustamente” y, por lo tanto, proscripto para participar en las elecciones presidenciales, y luego el proceso penal fue declarado nulo.

Alberto Fernández indicó que no infringió los límites establecidos en la Constitución argentina, que impide al presidente ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

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“El Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar”.

En cambio, el presidente dijo que expresó lo que observa la ciudadanía, que muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal “prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes”.

Y acusó al Procurador de utilizar una “doble vara” para medir las posturas adoptadas por parte de los distintos actores políticos.