El fallo que condenó al docente Lucas Puig a 35 años de prisión sigue dando qué hablar. Mientras tanto, la defensa del profesor de música encontrado culpable de haber abusado de dos menores en el Jardín San Benjamín de Los Hornos, busca por todas las vías de la Justicia poder lograr su absolución.
Según pudo saber este diario, Puig presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, una denuncia contra el Estado argentino por “violación a los Derechos Humanos”.
Sus defensores, Daniel Apaz, Adrián Fernández Koenig y Gastón Nicosia, arribarán a la sede en los próximos días para desarrollar la denuncia de Lucas Puig, una vez fijada la audiencia. La misma tiene por objeto denunciar al poder judicial del Estado argentino, por “someterlo ilegalmente por segunda vez a un juicio, redireccionando la nueva acusación”.
“Lucas Puig resultó absuelto tras 25 jornadas de juicio donde se escucharon más de 45 testigos, peritos y hasta concurrió el propio Tribunal que lo juzgó en aquella oportunidad”, expresaron en el documento.
Y agregaron: “Posteriormente, luego de un proceso viciado de ilegalidad, se torció ese fallo y los jueces de Casación, encabezado por el juez Ordoqui -hoy destituido y detenido- decidieron que se debían realizar nuevamente un juicio”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el máximo Organismo a nivel americano para velar por los derechos de las personas que han sufrido violaciones a sus DDHH, y para que se respeten las debidas garantías procesales. En este Organismo Internacional que funciona en la OEA (Organización de Estados Americanos) se presentó la denuncia.
“La misma no se realizó en soledad”, informaron sus defensores, ya que “cuenta con el apoyo de una de gran cantidad de organizaciones”.
Incluso, este pedido se llevó a cabo junto a la Asociación de Pensamiento Penal, que se presentó como Amicus Curiae en la causa, y quien oportunamente advirtiera las “irregularidades de violaciones de garantías constitucionales” en este proceso.
En dicha presentación, se solicitó una audiencia para poner en conocimiento de la Comisión Interamericana, sobre “la grave situación de violencia sistemática de los DDHH y estandartes del debido proceso que atraviesan los docentes acusados de presuntos abusos”, informaron los letrados.
Y sostienen que “la falta de capacitación de los operadores judiciales en nuestro país” termina siendo “uno de los principales factores que inciden las condenas erróneas”.
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