Un pozo sin fin para producir carbón que le cuesta a los argentinos $20.000 millones

La empresa minera estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) necesita 20.000 millones este año para funcionar, de los cuales $18.000 millones se van en pagar los salarios de 2.266 empleados que cobrarán, en promedio, unos $611.000 por mes.

Pero esta mina de carbón, energía que los expertos consideran casi obsoleta por su alto poder contaminante, alta peligrosidad y escasa eficiencia, tiene algunas particularidades que la emparentan a obras faraónicas sospechadas de manejos poco claros vinculados a presuntos hechos de corrupción.

Muy cerca está la central térmica parcialmente instalada en las inmediaciones de la mina de Río Turbio, una obra que lleva unos 16 años de ejecución y aún está inconclusa, por la cual el Estado ya pagó tres veces su valor original, aunque especialistas del sector energético le explicaron a este diario que, a valores de mercado, se calcula un costo de 1 millón de dólares por megawatt (Mw) generado. La central consta de dos módulos de 120Mw cada uno, uno de ellos inconcluso, por lo que su costo final debería ser de unos 240 millones de dólares. El Estado argentino ya lleva invertidos casi 2.000 millones de dólares y la obra está prácticamente parada, a un costo casi 10 veces superior al original.

Se trata de una entidad formada originalmente en el año 1958, privatizada entre 1994 y 2002, y reintroducida dentro de la órbita estatal en este último año durante la presidencia de Eduardo Duhalde, que dictó su intervención.

Alrededor giran un sinnúmero de denuncias de corrupción que involucraron tanto a funcionarios como el exministro Julio De Vido hasta al empresario Héctor Taselli, pasando por distintos interventores que estuvieron a cargo de la gestión estatal de la empresa minera.

Según revela un informe elaborado por el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la obra fue adjudicada por un valor de 2.094 millones de pesos (665 millones de dólares considerando el tipo de cambio de ese momento), pero este monto fue modificado por diversos cambios y adendas al contrato original alcanzando los 2.178 millones de pesos adicionales (Secretaría de Energía, 2019). En marzo de 2018, la empresa adjudicataria de la obra llevaba cobrados del Estado nacional 1.607 millones de dólares (Secretaría de Energía, 2019), lo que significa casi 6.700 U$S/kW, mientras que el costo de inversión de una central de turbina de vapor de carbón es de entre 800 y 5.300 U$S/kW, con una media de 2.730 U$S/kW (IEA, 2020).

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De acuerdo a los números públicos, un trabajador promedio en YCRT cobra un sueldo de $611.000 mensuales, pero solo constituye la media salarial, porque se pagan remuneraciones aún más elevadas para cargos específicos. A diciembre de 2022, la media de los ingresos en la totalidad del país (incluyendo todos los sectores del mercado laboral) alcanzó los $78.930, y el ingreso promedio no superó los $62.000, casi 10 veces menos que los trabajadores estatales de YCRT.

Este año se calcula que los ingresos operativos de la empresa estatal serán de apenas 3.200 millones.

La obra del segundo módulo aún no se encuentra terminada

En enero del 2022 YCRT produjo 2.346 toneladas de carbón, al mes siguiente 5.516 y en marzo contabilizaron 6.319 toneladas, pero para abastecer a la central térmica necesitaría producir unas 112.320 toneladas mensuales.

Además, otro de los cuestionamientos que hacen expertos del sector apunta a un gigantesco galpón, del tamaño de una cancha de fútbol, que se construyó para acopiar el carbón, pero que no cumpliría con cuestiones relacionadas con el cuidado del medioambiente y, sobre todo, de seguridad, por tratarse de materiales altamente inflamables y que generan una suerte de “hollín” que potencia el riesgo de un incendio o explosión.

Las obras para la usina fueron adjudicadas en sus inicios a una UTE encabezada por la española Isolux Corsán.

El informe de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires señala que la central térmica parcialmente instalada en las inmediaciones de la mina de Río Turbio consta de dos módulos de 120 MW de potencia cada uno. El primero de ellos fue puesto en marcha en 2005 y operó por el lapso de tan solo 3 meses, aportando un total de casi 21 GWh a la red eléctrica, menos del 0,02% del total de la oferta de energía eléctrica del año 2015, y consumiendo 9.000 toneladas de carbón (CAMMESA, 2015). La obra del segundo módulo aún no se encuentra terminada.

Si se terminara la obra y se pusieran en marcha ambos módulos de la central, se produciría un incremento de 0,6% de la potencia total instalada en el país actualmente. Considerando un factor de disponibilidad de 85%, la central generaría alrededor de 1.800 GWh anuales, lo que representaría 1,3% de la oferta de energía eléctrica a 2020, consumiendo entre 580 y 750 mil toneladas de carbón anuales según sea el rendimiento de la central.

El consumo de carbón en la central térmica generaría entre 1,4 y 1,8 MtCO2eq anuales, lo que equivale a 0,4 y 0,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de la Argentina en el año 2018 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022) y al 0,7% y 1% de las emisiones del sector energía, revela el escrito.

El aporte de generación eléctrica de la central de Río Turbio representaría el 1,1% de la demanda de energía eléctrica al año 2030 considerando los escenarios planteados por la Secretaría de Energía recientemente (Secretaría de Energía, 2021), y un 0,5% de la potencia total instalada. A su vez, las emisiones generadas por la central de Río Turbio significarían entre el 6,5 y el 11,4% de las emisiones del sector de generación eléctrica de estos mismos escenarios.

En el período como empresa privada así como en los últimos años desde su intervención, YCRT recibió continuas transferencias de recursos monetarios desde el Estado nacional, a pesar de sus bajos niveles de producción. Partes de estas transferencias se destinaron a la obra de la central térmica que lleva, a la fecha, 15 años de ejecución, desde su adjudicación en diciembre de 2007 (Secretaría de Energía, 2019), con diversos períodos sin actividades.