Ley ómnibus, en la mira: la oposición condiciona su apoyo

Garantizar gobernabilidad no es conceder un cheque en blanco que le permita a Javier Milei saltearse el Estado de Derecho y la división de poderes, concentrando todas las decisiones en la figura presidencial. Eso es lo que empiezan a advertir desde distintos sectores de la oposición “dialoguista” encarnada por el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se trata de un universo de fuerzas intermedias que en conjunto suman más de cien voluntades y que desean “genuinamente” que el Presidente cuente con las herramientas necesarias para aplicar rápidamente las reformas contenidas en la famosa y controvertida ley ómnibus enviada al Congreso la semana pasada. Aunque no a cualquier costo.

Descontando los 40 diputados libertarios (38 de La Libertad Avanza y dos de Buenos Aires Libre), hay 102 legisladores de la oposición más rígida, integrada por Unión por la Patria y los cinco del Frente de Izquierda. Pero está también el centenar de legisladores de grupos menos antagónicos con La Libertad Avanza. Entre ellos, los 37 diputados nacionales del PRO.

Con distinto grado de entusiasmo de acuerdo a cómo se posicione cada sector interno, en el bloque amarillo hay coincidencia en acompañar “el cambio” que lidera Milei. Por eso, descuentan, el voto en general va a ser en positivo a la mega ley.

“Desde el comienzo dijimos que nuestra intención es tener un acompañamiento responsable a lo que proponga el Presidente Milei y su gobierno, para que tengan las herramientas que necesitan en esta primera etapa para poner en marcha su plan de gobierno”, explican en la bancada que preside Cristian Ritondo.

Retenciones y jubilados

Sin embargo, consideran que la delegación de facultades que permite la ley es excesiva y constituye un mensaje que está reñido con las buenas prácticas institucionales.

También hay salvedades respecto de la suba de retenciones a la soja, que se incrementa de acuerdo a la ley al 33%, lo cual representa un golpe a un sector como el campo que integra lo que el PRO considera su base social.

Tampoco agrada la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria sin que haya un resguardo para los jubilados en momentos en que la inflación se está disparando y amenaza con no tener techo. Los adultos de la tercera edad también son parte de la base electoral del partido fundado por Mauricio Macri.

La UCR, que tiene 34 diputados, también está haciendo esfuerzos denodados para salvar el plan de Milei. Primero lo hizo presentado una ley espejo al mega DNU en ambas cámaras de Congreso, y luego con la propuesta del presidente de bloque, Rodrigo De Loredo, para fraccionar la iniciativa en varias propuestas separadas de manera tal que la oposición pueda acompañar aquellas medidas en las que se sienta de acuerdo y rechazar otras. Ninguna de las sugerencias fue atendida por el Gobierno.

Con la ley ómnibus sucede algo parecido. Le aseguran y reaseguran a Milei que quieren que la ley sea aprobada, pero no a libro cerrado ni a cualquier costo.

En la UCR los cuestionamientos son prácticamente los mismos, aunque en algunos casos con mayor énfasis. La delegación de facultades, la uninominalidad de circunscripción electoral, el ajuste a los jubilados y la suba de retenciones son cuestiones que para ellos son indigeribles e inaceptables.

Pero suman también otros rechazos como la reprivatización de YPF, que consideran innecesaria porque es una empresa que funciona con una lógica similar a la de una compañía privada y que da ganancias importantes.

En Hacemos Coalición Federal es más complejo porque no hay posturas unánimes. Tiene que ver con el propio origen de esta fuerza parlamentaria de 23 legisladores que emergió la semana pasada a partir de la fusión de tres espacios preexistentes que poco tienen que ver entre sí, con el único propósito de conseguir lugares de representación en las comisiones. Se trata de Cambio Federal de Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, Hacemos Nuestro País (schiarettismo) y Coalición Cívica.

“El acompañamiento para que florezca la iniciativa privada, para que la Argentina vuelva a insertarse en el mundo, el gobierno lo va tener”, adelantó al respecto Massot, pero cuestionó: “Lo que hay que derribar es esta idea de que hay un único camino posible, que es con una delegación extraordinaria que ningún presidente en la Argentina se animó a pedirle al Congreso”.