Violencia institucional: duros pedidos de condena

Los quieren presos. Como estaban las personas a las que habrían violentado con prácticas humillantes y degradantes dentro de un calabozo de la comisaría cuarta de Berisso, en 2018.

Al cabo de varias audiencias en los tribunales penales de La Plata, fue la fiscal María Victoria Huergo la que ayer repartió los pedidos de condena y detención para varios de los policías implicados en el hecho y que llegaron a la instancia de debate oral.

Según fuentes judiciales, el requerimiento se disgregó de la siguientes manera: para Ángel Daniel Barrientos, el aparente máximo responsable de lo sucedido con los reclusos, fueron 7 años de cárcel; 5 años para Ubaldo Alfredo Farías, Oscar Damián Jara y César Orlando Pacheco y 4 años y 6 meses para Lucas Eduardo Cángaro, por ser reincidente.

Para Rodrigo Nicolás Ponce, Agustín Sabini, Cristian Jonatan Vicente y Juan Martín Brelis, en tanto, la fiscalía pidió penas de cuatro años, aunque sin detención inmediata.

¿Qué fue lo que ocurrió? En base a los testimonios vertidos en el recinto, un grupo de internos quedó expuesto a tratos degradantes, humillantes y no compatibles con la condición humana. Y no solo hablaron de golpes por parte de los efectivos.

Un preso, por ejemplo, perdió la dentadura postiza, a otro le rompieron la pierna ortopédica, hubo varios a los que desnudaron y hasta alguien se orinó encima del susto.

“Hablaron de situaciones de apremio psicológico”, detallaron ante la jueza María Belén Piccone, del Juzgado Correccional Nº 3 de La Plata.

Llamó la atención el perfil de varios de los declarantes. “Eran presos viejos, con roce carcelero, piel curtida en ese ámbito hostil. Y sin embargo, se los vio completamente quebrados”.

La magistrada ya anunció que la lectura del veredicto se llevará a cabo el próximo viernes 27 de diciembre, al mediodía.

Para las defensas, no existió nada de lo denunciado. “Fue una requisa normal, como las hay todo el tiempo”, relativizaron.

Huergo, a la hora del alegato de cierre, ponderó la labor de instrucción que realizó su colega Virginia Bravo, a la que calificó de “una fiscal con todas las letras”.