Investigan si el Polo Obrero desvió $25 millones del Potenciar Trabajo

La Justicia quiere saber si durante la administración de Alberto Fernández el Polo Obrero (PO) desvió, a través de más de 160 facturas presuntamente truchas, unos 25 millones de pesos que debieron ser destinados a beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo” y que, en cambio, se habrían utilizado para financiar actividades políticas. El principal imputado del caso es el titular de la agrupación piquetera, Eduardo Belliboni, quien el próximo 25 de junio deberá declarar en indagatoria ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.

Según advirtió el magistardo en un escrito oficial, el Polo Obrero y una de sus cooperativas, llamada “El Resplandor”, habrían “administrado de forma indebida al menos un parte de los recursos estatales que le fueran confiados” por el gobierno anterior. “Ello resulta de la comprobación de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados -al menos a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex SA”, argumentó el juez y, sobre la base de las pruebas recolectadas, concluyó que estas operaciones fueron instrumentadas “con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad política”.

La facturación del Polo Obrero fue entregada a la Justicia por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que se presentó como querellante en la causa.

La mayoría de las facturas y recibos fueron emitidos, sobre todo, por la supuesta editorial “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” que, por ejemplo, el 30 de septiembre de 2020 imprimió un “Recibo B” a nombre de la “Asociación Civil Polo Obrero” por $300.000 en concepto de “cancelación FC pendiente con fecha 30/9/2020” y cobrado por medio de “cheque”. Los datos fueron publicados por el diario Clarín, que además consignó que quien validó con su firma aquel recibo en calidad de “Presidente” de la agrupación piquetera fue el propio Belliboni.

En poder de la Justicia está también otro recibo de pago que la misma editorial emitió a la “Asociación Civil Polo Obrero”. Con fecha del 31 de octubre de 2021, la empresa dejó constancia de que la agrupación piquetera le abonó 1.110.000 pesos por la venta de “Materiales e Insumos de Imprenta”. El mismo día, la compañía papelera le facturó al movimiento social 1.900.000 pesos por “Resmas A4-Papel para Impresión-Productos entregados en octubre 2021”.

La empresa “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” también le vendió a la “Asociación Civil Polo Obrero” maquinaria relacionada con la gráfica y la papelería. El 31 de marzo de 2022, emitió una “Factura B” a nombre de la agrupación social por la venta de una “duplicadora Duplo DP-J450 X usada” por 700.000 pesos.

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Estos recibos, y muchos más, fueron entregados por la agrupación que lidera Belliboni en concepto de “rendición de gastos” a la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que encabezaba Emilio Pérsico durante la presidencia de Fernández.

Pero la Justicia considera que hubo facturación “apócrifa” y “simulación de gastos” entre la “Asociación Civil Polo Obrero” y la imprenta “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” porque se allanaron todos los domicilios registrados por esa empresa y no solo no se encontró ni la imprenta ni ningún comercio relacionado con la venta del papel, si no que las direcciones inscriptas por la firma aparecieron vinculadas al Polo Obrero.

Según la información que publicó Clarín, “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” fue creada el 28 de diciembre del 2016, con Jens Christian Rath y Roberto Adrián Albornoz (también citado a indagatoria) como “gerentes” por tiempo indeterminado. El que se consignó ante las autoridades estatales fue “Bartolomé Mitre 2162”, donde los allanamientos ordenados por la Justicia no encontraron imprenta alguna.

En Bartolomé Mitre 2162 está, en cambio, la sede central del Partido Obrero (PO), al que pertenece el “Polo Obrero”.

Otra dirección que que la supuesta papelera informa como “domicilio comercial” es la calle Palestina 542 (CABA), en la que al parecer viviría el hijo de un dirigente del PO.

No es todo. Además de venderle material y maquinaria a la “Asociación Civil Polo Obrero”, la imprenta a la que le apunta el juez Casanello también habría emitido facturas para la “Cooperativa El Resplandor”, que administra el Polo Obrero, por valores en torno al medio millón de pesos.

Otra empresa investigada es Coxtex SA, que con fecha del 4 de octubre de 2021 le emitió a la agrupación social un recibo por 3.664.418 pesos, correspondiente a la venta de 12 notebooks, software y parlantes inalámbricos.

Tras el avance de la investigación judicial, Belliboni advirtió que “el juez Casanello deberá probar que la plata del Estado fue a parar a la imprenta Rumbos”, pero admitió que la empresa proveía de “materiales y papel” al Polo Obrero, “que le hace las boletas al Partido Obrero y al Frente de Izquierda” y que sus dueños son “simpatizantes nuestros, ni siquiera son militantes. No es ningún delito y hasta hacen aportes en las campañas financieras”.