La Iglesia y funcionarios judiciales reclamaron por la pobreza y el narco

Jueces, dirigentes sociales y autoridades de la Iglesia se reunieron en una nueva jornada de la Pastoral Judicial. La cita tuvo lugar en San Justo, partido de La Matanza, donde los presentes manifestaron su preocupación por la situación que se vive en los barrios y el avance del narcotráfico. En ese marco, rechazaron el proyecto impulsado por el Gobierno de bajar la edad de imputabilidad.

Monseñor Oscar Ojea detalló que pese al trabajo que lleva a cabo la Iglesia en los barrios “sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”.

El obispo concluyó dejando en claro la necesidad de “tener una visión más crítica de las situaciones que aparecen en los medios, en los cuales parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores. Debemos ver la película entera de esa vida para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilitar la reinserción social de quienes han cometido un delito”.

Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, expresó: “Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente”. En ese contexto, agregó: “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”.

La jueza Ledesma señaló: “Desde la Cámara de Casación junto con el colega Alejandro Slokar hemos sentado una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores”.

El juez Alejandro Slokar, remarcó: “La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”. Y remató: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.

Por su parte, el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, aseguró: “Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016”.