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El municipio salteño de Aguas Blancas llamó a licitación para construir un alambrado fronterizo de 200 metros de largo. La iniciativa, que es parte de un plan del gobierno nacional, preocupa a la Cancillería boliviana
El de Aguas Blancas no sería el primer cerco fronterizo: en La Quiaca ya hay uno que no tiene gran efectividad.
Para evitar el contrabando y el paso ilegal de personas, el municipio salteño de Aguas Blancas se dispone a construir en los próximos meses un cerco de alambre en la frontera con Bolivia. La iniciativa, que forma parte de un plan del Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar la frontera norte del país, generó malestar en el Gobierno boliviano que no tardó en expresar su preocupación.
Ubicada al noreste de la provincia de Salta, Aguas Blancas es una pequeña localidad del departamento Orán que se halla frente a la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija. Ambas se encuentran separadas por el cauce del alto río Bermejo, que en ese punto hace de frontera natural.
Pese a que existen controles fronterizos en ambas ciudades, las autoridades argentinas registran una alta informalidad en el paso de personas y mercaderías. Esta situación llevó a que en diciembre pasado el Gobierno desplegara efectivos de fuerzas federales en Aguas Blancas a fin de reforzar el control en la zona.
Ayer el municipio de Aguas Blancas convocó a una licitación para instalar un alambrado olímpico a lo largo de los 200 metros que existen entre la terminal de colectivos y la oficina de Migraciones de la localidad.
“Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara”, explicó la directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Seguridad, Virginia Cornejo, al comentar que la cerca obligaría a las personas a “pasar por la oficina de Migraciones sí o sí”.
«El alambrado se colocará dentro del murallón preventivo que se utiliza cuando el río Bermejo crece. La idea es delimitar claramente el acceso a migraciones para evitar que la gente pase por otros lugares sin control», resaltó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.
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Y es que “en Aguas Blancas la oficina de Migraciones está a 200 metros de la terminal del pueblo, paralela al Río. Por eso todos llegan a la terminal, saltan un pequeño muro y salen a Puerto Chalanas, desde donde cruzan a Bolivia para comprar. No pasan por Migraciones ni de ida ni de vuelta. Tampoco por la Aduana. Entran y salen de manera ilegal”, denunció el interventor.
Al conocerse la decisión de instalar un cerco fronterizo en ese punto, la Cancillería de Bolivia no tardó en expresar su preocupación.
“Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, se pronunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en un comunicado oficial.
“Aparecía gente ejecutada con precintos en las espaldas, sicariatos, era un descontrol”
Frente al llamado de atención del país vecino, el interventor de Aguas Blancas redobló la tensión señalando que el objetivo del cerco es evitar la expansión de la “narcofrontera”.
“Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos, era un descontrol”, relató en declaraciones radiales Zigarán.
Fue “por eso que el gobernador de la provincia pidió asistencia a la Nación y con la ministra Bullrich lanzaron el Plan Güemes”, dijo el funcionario local en referencia a una batería de medidas dispuestas en la zona por el Ministerio de Seguridad para “combatir al narcotráfico”.
Tras las críticas de la Cancillería boliviana, el interventor aseguró que el gobierno que lidera Luis Arce Catacora “está mal informado”, y reclamó la presencia de personal de Aduana y de seguridad en las fronteras.
“Qué bueno que ahora se preocupen porque desde que se lanzó el plan tenemos dos pasos, dos controles integrados, y nosotros ponemos cuatro trabajadores de Aduana mientras Bolivia tiene solo uno”, cuestionó Zigarán.
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