Qué cambia con los nuevos montos de evasión y las multas automáticas

La modificación de los parámetros penales para casos de evasión marca uno de los cambios estructurales más significativos de la Ley de Inocencia Fiscal. La actualización lleva los montos que determinan una denuncia penal de 1,5 a 100 millones de pesos en evasión simple, y de 15 a 1.000 millones en evasión agravada. Este salto responde a la desactualización acumulada por años de inflación y busca concentrar los recursos judiciales en las causas de mayor impacto económico.

En términos prácticos, la medida implica que miles de expedientes iniciados por montos hoy considerados bajos dejarán de ocupar espacio en los tribunales. Especialistas en derecho tributario señalan que esto permitirá descargar a la Justicia de investigaciones que, en muchos casos, consumían tiempo y recursos sin una expectativa real de recuperación significativa para el fisco. El objetivo es que queden en el sistema penal únicamente los casos que superan umbrales relevantes y que presentan maniobras más sofisticadas o estructuradas.

Paralelamente, la ley introduce un cambio operativo de peso: ARCA será quien confeccione la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para cada contribuyente adherido al Régimen Simplificado. Esto supone que muchos contribuyentes ya no necesitarán contratar servicios profesionales para confeccionar el formulario, lo que reduciría costos administrativos y disminuiría la probabilidad de errores formales. Para el organismo, en tanto, centralizar el proceso facilita el control, uniforma criterios y permite detectar desvíos de manera más eficiente.

Un aumento que preocupa al sector profesional

La contracara del alivio judicial es el fuerte incremento de las multas automáticas por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Los valores pasan de 200 a 200.000 pesos, un cambio que, si bien acompaña la evolución nominal de la economía, genera preocupación tanto entre contadores como entre pequeños contribuyentes.

Los profesionales advierten que, para quienes manejan actividades de baja escala o trabajan con estructuras administrativas mínimas, un olvido ocasional puede transformarse en un golpe económico difícil de absorber. En muchos casos se trata de presentaciones formales que no implican deuda real, pero que igualmente quedan sujetas a sanción automática.

Las críticas impulsaron a que el Ministerio de Economía anunciara su intención de moderar el impacto a través de reglamentaciones futuras. La idea es que el sistema diferencie entre contribuyentes según su capacidad económica, evitando que un pequeño comercio reciba la misma penalidad que una empresa de gran tamaño por una falta equivalente.

Hacia un esquema más concentrado

Con este paquete de cambios, el Gobierno busca dar forma a un esquema tributario con menos litigios por montos bajos, mayor automatización de procesos y un régimen sancionatorio más alineado con el valor real del dinero. No obstante, especialistas consideran que las medidas deberán complementarse con una reglamentación que evite penalidades desproporcionadas y que establezca criterios de gradualidad para no desalentar el cumplimiento voluntario, especialmente entre contribuyentes pequeños y profesionales independientes.