El oficialismo no logra recuperar la agenda parlamentaria en Diputados
Edición Impresa | 29 de Junio de 2025 | 03:41

La Libertad Avanza (LLA) no puede recuperar la iniciativa en la Cámara de Diputados desde hace más de dos meses, donde un espacio heterogéneo de la oposición logró tomar el control de la agenda y acorralar al oficialismo al conseguir sancionar los proyectos de jubilaciones y discapacidad.
Los libertarios, con la ayuda de aliados, consiguieron el 19 de marzo aprobar el DNU que habilitaba a firmar un acuerdo con el FMI para renegociar la deuda y fortalecer las reservas, en lo que se constituyó el único logro de este año.
Tras esa sanción, los bloques opositores mas duros como Unión por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre -conducidos por Martín Lousteau y Facundo Manes-, la Coalición Cívica y Encuentro Federal armaron un grupo de trabajo que viene poniendo en jaque a LLA.
Si bien tienen una dinámica parecida a los que fue el Grupo A, que se armó en el Congreso luego que el kirchnerismo perdió la elección tras su pelea con el campo, no controlan -como sucedió en ese período- comisiones clave del cuerpo legislativo.
Desde abril, los opositores vienen acorralando al oficialismo y sus aliados del PRO y radicales “con peluca”, ya que lograron armar la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda-aunque aún sin lograr grandes avances pudieron instalar el tema- y votar los emplazamientos que después culminaron en las sanciones de las leyes de jubilaciones y discapacidad.
Las fuentes opositoras señalan que los libertarios “están colgados del travesaño” para que les metan la menor cantidad de goles posible a la espera que el receso y la campaña electoral paralice la actividad parlamentaria con la convicción de que en diciembre tendrán un bloque que le permitirá equilibrar la relación de fuerzas.
Fuentes parlamentarias sostuvieron que la LLA no logra construir acuerdos para avanzar en algunas iniciativas estratégicas para el Gobierno como el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca dar seguridad jurídica a los ciudadanos que usan los dólares “del colchón”, entre otros proyectos.
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