Freno judicial por Vialidad: un revés al plan de desguace estatal

La decisión de la jueza Martina Isabel Forns representa un importante traspié judicial para el gobierno de Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. A solo diez días de publicado el Decreto 461/2025, que establecía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió suspender su aplicación por un plazo de seis meses. El Gobierno ya anunció que apelará la medida.

El fallo, dictado en respuesta a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), ordena congelar toda acción vinculada a reubicaciones, traslados, despidos o reestructuración de personal dentro del organismo vial, creado en 1932 con el objetivo de proyectar, construir y mantener la red de rutas nacionales.

derechos laborales

La jueza Forns fue enfática en sus fundamentos. Consideró que el decreto oficial colisiona con la Constitución Nacional y con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen rango constitucional y garantizan derechos adquiridos por los trabajadores del sector público.

“El Estado no puede, en su doble rol de empleador y regulador, modificar de manera unilateral condiciones laborales establecidas por normas colectivas vigentes”, escribió la magistrada. También apuntó específicamente contra el artículo 32 del decreto, que fijaba un límite temporal a la estabilidad del personal. “Se vulneran normas y garantías laborales”, señaló en su resolución.

El fallo se enmarca en una instancia preliminar del proceso judicial, por lo que la medida es de carácter cautelar. La jueza justificó el plazo de seis meses como necesario para evitar “perjuicios irreparables” y garantizar que se preserve la situación actual mientras se analiza la legalidad de fondo del decreto. “Las circunstancias graves y objetivas permiten justificar el dictado de una medida de no innovar. Es preciso evitar que una eventual sentencia favorable al reclamo sindical se torne ineficaz por cambios ya consumados”, escribió Forns.

Advertencias y acusaciones

El sindicato Sevina había advertido días atrás sobre los posibles efectos de la eliminación de Vialidad Nacional, con un mensaje contundente que apeló a la memoria colectiva: “Los funcionarios que destruyen Vialidad Nacional deben saber que se mancharon con sangre. La tragedia de Once 2012 ya condenó a los responsables. Este DNU será su sentencia”.

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Desde la cuenta oficial del sindicato en la red X, apuntaron directamente contra dos ministros clave del gabinete libertario: Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). “El DNU que destruye Vialidad Nacional es una masacre anunciada. Las muertes no serán accidentes: serán homicidios con nombre y apellido”, señalaron. También instaron a gobernadores e intendentes a involucrarse en la defensa del organismo.

La Dirección Nacional de Vialidad fue creada en 1932 y durante décadas tuvo un papel clave en el diseño y mantenimiento de la red vial argentina. Su posible disolución, anunciada por el Gobierno como parte del “desguace del Estado”, generó un fuerte rechazo en sectores gremiales, técnicos y de la oposición, que consideran que la medida implica una desarticulación peligrosa de las políticas de infraestructura y seguridad vial.

El Decreto 461/2025 también prevé la eliminación de otros organismos clave como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, bajo el argumento de una supuesta superposición de funciones y un gasto público ineficiente. Sin embargo, el freno judicial a la disolución de Vialidad podría abrir el camino a más litigios y trabas legales para el resto del paquete.

Con este fallo, el Poder Judicial vuelve a aparecer como límite institucional a algunas de las reformas más agresivas del Ejecutivo. Aunque el Gobierno puede apelar, la cautelar implica que durante al menos medio año no podrá avanzar en el desmantelamiento de Vialidad Nacional.

En un contexto donde la Corte Suprema ya ha recibido otros planteos por el megadecreto de desregulación y la Ley Bases, este nuevo frente judicial suma incertidumbre a una gestión que busca avanzar a toda velocidad con su agenda libertaria.