La feria judicial, ese anacrónico sistema

El gobierno nacional acaba de impulsar una reforma al sistema de trabajo del Poder Judicial Nacional. Los puntos centrales (extensión de la jornada laboral y límites a las ferias judiciales), serían herramientas para agilizar la Justicia, dotarla de mayor dinamismo y cercanía con el ciudadano.

Para cualquiera que haya incursionado en el sistema judicial, “horario de Tribunales” y “feria judicial” le resultan expresiones familiares; sin embargo, si se toman prácticamente todas las actividades remuneradas, públicas o privadas, ambos elementos parecen ser anomalías en el universo del mercado laboral local.

Así, las seis horas de jornada y los 45 días de receso son aspectos que responden a inercias institucionales que no se vinculan, de modo alguno, con necesidades especiales de la función judicial.

Si se observa que la Constitución Nacional sólo prevé el receso en el Poder Legislativo, los otros dos estamentos del Estado deberían contar con actividades sin solución de continuidad.

REGULADOS POR LA CORTE

En cuanto al Poder Judicial específicamente y tomando el ámbito nacional, de acuerdo a lo previsto por las normas procesales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha regulado el trabajo de los juzgados y tribunales. Hacia el año 1953, la feria comprendía el mes de enero y Semana Santa; otros cambios mediantes, se terminó por equiparar con las vacaciones de invierno, llegando a los actuales 45 días.

Como era de esperar, la cuestión despertó inmediata repercusión en distintos ámbitos de representación que congregan a magistrados y abogados y aparecieron diferentes argumentos, desde los que justifican la feria estival en resguardo de la salud de los abogados que transitan Tribunales, pasando por el “perjuicio” a los pequeños estudios jurídicos y los “derechos adquiridos” de empleados y funcionarios judiciales, hasta la apología de la “dedicación completa” de los jueces, cuyas labores en los juzgados se extienden más allá del horario de atención al público.

No obstante estos argumentos, las voces favorables que pugnan por mantener el actual sistema no incluyen en su análisis al destinatario de ese aparato burocrático estatal que desarrolla la función judicial y se enfocan apenas en necesidades corporativas y no parecen aspirar a la mejora de un sistema que nadie, a esta altura, niega que requiere cuanto menos una remozada cuota de credibilidad y eficiencia.

La supresión de las ferias judiciales y la ampliación del horario de trabajo no afectarían ni los derechos de los empleados judiciales, ni el de lo abogados litigantes

Esta crítica, en parte, aplica también al propio ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien luego de instalar la cuestión en agenda, dejó en manos de jueces y abogados la discusión sobre el actual sistema de trabajo en el Poder Judicial, sin convocar otras voces al debate y sin instar a la participación ciudadana.

El escenario de discusión se nutre, además, de la creciente desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial y la actuación de los magistrados, la ostensible demora en la tramitación de las causas y la presencia de estructuras burocráticas que se muestran distantes y hasta hostiles para el ciudadano promedio.

La cuestión, sin dudas, trasciende la situación particular de abogados litigantes y empleados judiciales y se enmarca en una crítica a la eficiencia del Poder Judicial.

Por lo demás, al menos en relación a los funcionarios judiciales, estas prácticas parecen responder a un sistema de privilegio que en nada se relaciona con la salvaguarda de la función judicial.

Si bien no podría afirmarse que violan la igualdad ante la Ley, sí configuran elementos que carecen de razonabilidad, resultan ostensiblemente anacrónicos y chocan con las expectativas de la mayor parte de la ciudadanía que, con mayor o menos intensidad, viene reclamando mayor compromiso de los funcionarios públicos, cercanía y rapidez en las respuestas.

SISTEMA

Por otro lado, la supresión de las ferias judiciales y la ampliación del horario de trabajo no afectarían ni los derechos de los empleados judiciales ni el servicio que cumplen los abogados litigantes. Por el contrario, muy probablemente incrementaría la consideración pública sobre la institución judicial y sobre la labor de los letrados, al menos, desde que el mayor tiempo de trabajo debería permitir ampliar la capacidad de respuesta para los conflictos que se judicializan cada vez de modo más creciente.

Atenuar estos elementos anacrónicos del sistema, aun cuando es evidente que por sí solos no podrían superar la compleja problemática que atraviesa el Poder Judicial, sí podría tener virtualidad suficiente para movilizar a los distintos actores involucrados en la práctica judicial en torno a un objetivo común: optimizar en lo posible el trabajo cotidiano puertas adentro de los juzgados y enviar un mensaje claro y efectivo a la sociedad sobre el verdadero compromiso por ajustar el servicio de Justicia a las expectativas ciudadanas.

(*) Abogado