Proyecto K para limitar también en la Provincia las cautelares

EL KIRCHNERISMO YA INGRESÓ E EN EL SENADO UN PROYECTO DE LEY

A poco menos de un mes de que el Congreso nacional sancione un proyecto impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner que regula las medidas cautelares en causas que tengan como parte al Estado, legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria buscan ahora replicar esa reforma en la Provincia.

La propuesta fue plasmada en un proyecto de ley firmado por la presidenta del bloque de senadores del oficialismo, Cristina Fioramonti, quien explicó que el objetivo central es “profundizar la protección del Estado, resguardando el interés público en línea con la nueva ley nacional que regula la materia”.

Básicamente, el proyecto propone modificar artículos del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo (la ley 12.008) y endurecer los requisitos para el otorgamiento de una medida cautelar contra el Estado provincial y establece límites a las vigencia de este tipo de resoluciones.

La norma fue ingresada el jueves pasado en la Mesa de Entradas del Senado, donde ya comenzaron a discutirse en comisiones una serie de proyectos también impulsados por el kirchnerismo que apuntan, todos, a imponer reformas en el Poder Judicial. El “paquete” incluye una modificación en la composición del Consejo de la Magistratura para que parte de sus miembros sean elegidos por voto popular.

EXIGENCIAS

Según Fioramonti, la propuesta intenta evitar que las medidas cautelares “se transformen en un sistema que torne casi de imposible cumplimiento las sentencias judiciales”.

Sin embargo, explicó la legisladora kirchnerista, a diferencia de la Nación, la provincia de Buenos Aires “cuenta con una regulación específica sobre el tema en el Código Contencioso Administrativo”, por lo que el proyecto presentado tiene como objetivo “profundizar la protección del Estado, resguardando de este modo el interés público que el mismo encarna, en línea con la nueva ley nacional que regula la materia”.

Detalló que la iniciativa “exige la acreditación de mayores recaudos para el otorgamiento de las medidas cautelares ya que se intensifica la necesidad de acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”, aunque aclaró que en cuanto al interés público “solo basta su afectación”.

Establece también la obligatoriedad para el Juez de expedirse sobre su competencia en forma previa al otorgamiento de la medida cautelar, salvo en los supuestos de excepción previstos en el proyecto que son los sectores socialmente vulnerables, se encuentre comprometida la vida digna o derechos de naturaleza alimentaria, entre otros.

Además establece una limitación en cuanto al objeto de las medidas cautelares, que no podrán “afectar, obstaculizar, comprometer, distraer o perturbar los bienes y recursos del Estado” y tampoco podrán imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.

La iniciativa determina que será obligatorio solicitar un informe previo al otorgamiento de la medida cautelar para, de esa forma, garantizar que el Estado pueda ser oído con carácter previo al dictado.

Prevé también que las medidas cautelares tendrán un plazo de vigencia de 6 meses, prorrogable, “siempre que se acredite la subsistencia de las circunstancias que determinaron su dictado”. Aunque exceptúa de esa temporalidad cuando la cautelar “tenga por finalidad la protección de sectores socialmente vulnerables, comprometa la vida digna, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o un derecho de naturaleza ambiental”.