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Insistirá con la consulta popular en busca de frenar la reforma. Grietas en el resto de la oposición
Por MARIANO SPEZZAPRIA
No estaba allí para ser un actor de reparto y lo dejó en claro ni bien le preguntaron qué le había parecido el discurso de Cristina Kirchner ante la Asamblea Legislativa. Sin que mediara introducción alguna, Sergio Massa arremetió con dureza contra el único anuncio que hizo la Presidenta en el Congreso: el envío de un proyecto de ley para actualizar el Código Penal.
Los argumentos del líder del Frente Renovador en contra de la iniciativa fueron altisonantes, lo suficiente como para provocar una reacción inmediata del kirchnerismo, que en los últimos años se acostumbró a que el debate político de los días posteriores a la Asamblea gire en torno al discurso presidencial y no a las declaraciones -mucho menos a las propuestas- de un dirigente opositor.
Pero Massa dejó en claro que no llegó al Congreso pasa ser un diputado más y resignar el caudal electoral que lo convirtió en uno de los principales candidatos a la Presidencia. Para ello necesitaba volver al centro del ring, luego de un par de meses en los que recibió castigo de sus oponentes por los flancos que deja abiertos una fuerza política que se encuentra en plena etapa de formación.
Ese proceso lo llevó a entreverarse más con la “rosca política” que con la “agenda de la gente”, como el propio Massa suele definir a los temas que tienen impacto en la población. A tal punto que las encuestas comenzaron a reflejar una caída -no dramática pero persistente- en su intención de voto. En ese contexto, el proyecto para reformar el Código Penal le vino como anillo al dedo.
En efecto, el anteproyecto -que le habría llegado a Massa desde la propia comisión a la que la Presidenta encargó su redacción- presenta algunos elementos que contrarían la opinión mayoritaria de los argentinos sobre la necesidad de endurecer las penas para los delincuentes. Adquirió un fuerte predicamento, en ese sentido, la línea del juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
OPORTUNISMO
Por eso fue el propio magistrado quien salió a cuestionar el “oportunismo” de Massa para poner en debate una iniciativa de la cual todavía no se conoce todo su contenido. Los estrategas del Frente Renovador festejaron la reacción de Zaffaroni, a quien no consideran muy popular entre los argentinos. Pero también disfrutaron las internas que se abrieron por esto en la UCR y el PRO.
Es que las presencias del radical Ricardo Gil Lavedra y del macrista Federico Pinedo en la comisión que elaboró el anteproyecto -junto a otros especialistas como el peronista León Arslanian, todo bajo la supervisión del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini- comprometió a esas fuerzas políticas con la iniciativa y las dividió entre aquellos dirigentes que la apoyarían y los que la rechazarían.
Desde la UCR, Gil Lavedra salió a criticar a Massa, aunque en el bloque de diputados nacionales se está imponiendo la postura de votar en contra de una reforma que promueva morigerar las penas, como lo había anticipado Julio Cobos, uno de los aspirantes a la Presidencia. Mientras tanto, en el PRO buscan no mostrar fisuras, pero puertas adentro se escuchan cuestionamientos a Pinedo.
La fuerza que lidera Mauricio Macri levanta como una de sus principales banderas la lucha contra la inseguridad, por lo que la incomoda quedar asociada a un proyecto de estas características. Y si bien el jefe de Gobierno porteño recuperó diálogo con la Presidenta, su estrategia es plantarse como el estandarte de un modelo radicalmente distinto al que viene implementando el kirchnerismo.
Menos inconvenientes le causa la iniciativa al Partido Socialista, que colocó en la comisión redactora a la especialista María Elena Barbagelata. En el espacio que comanda Hermes Binner no provoca tanto ruido político la “doctrina Zaffaroni”, pese a lo cual el propio diputado santafesino evitó precisar en las últimas horas el eventual sentido de su voto sobre la reforma al Código Penal.
A sabiendas de toda esta situación, Massa dará el próximo sábado el puntapié inicial para una campaña nacional de recolección de cinco millones de firmas que expresen un rechazo a la reforma. En su entorno no faltan quienes advierten que ratificará su idea de que se convoque a una consulta popular, pese a que el oficialismo aseguró que no es posible en este caso.
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