La tenencia de drogas para uso personal, eje de una polémica

¿Conviene despenalizar la tenencia de drogas para uso personal? El interrogante volvió a instalarse esta semana, tras la presentación en el Congreso de un proyecto de ley que propone esa despenalización por considerar que el consumo es una conducta privada y que la ley vigente "criminaliza y marginaliza a personas que al consumir en el marco de un acto privadísimo no están cometiendo un delito". Un proyecto que no tardó en generar opiniones encontradas. Y que reavivó la discusión en torno a la eficacia de las campañas de prevención y a la necesidad de un debate profundo y serio sobre las adicciones en la Argentina.

En diálogo con EL DIA, el diputado nacional socialista Eduardo García, autor del proyecto, subrayó que éste "no apunta a legalizar las drogas", sino que sigue considerando prohibidas "la producción, comercialización y consumo en ámbitos públicos". "Lo que nosotros proponemos es que no se considere delito tenerlas para el consumo personal, porque de lo contrario, el adicto, que es una víctima en el circuito de la droga, arrastra además, el estigma de cargar con un delito federal".

La posición de quienes están a favor de la medida se basa en que el consumo es una conducta privada y que por lo tanto -y en base a lo establecido por el artículo 19 de la Constitución - no debería sancionarse. Pero esa lectura recibe una mirada crítica de quienes entienden que eliminar una sanción jurídica implica también romper con una barrera social, lo que, aseguran, podría alentar el crecimiento del consumo.

En esta línea se enrola, por ejemplo, el Secretario de Atención de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, Claudio Mate, quien sostiene que la iniciativa de García "va a contrapelo de los tiempos que corren en los que la tendencia general en el mundo es tratar de avanzar en la regulación de las sustancias adictivas, entre ellas el alcohol y por supuesto las drogas".

También dejó oír su posición contraria al proyecto el ministro de Salud de la Nación Ginés González García, quien propone -por el contrario- contemplar las situaciones colectivas por sobre las responsabilidades individuales.

Para Juan Panayotón coordinador de los grupos de recuperación de adictos de ADAR que funcionan en Cáritas La Plata e integrante del Centro Provincial de Adicciones de La Plata "la despenalización no es el camino, porque la existencia de la sanción implica un llamado de atención. Además cabría preguntarse a qué cantidad se considera 'cantidad de droga para consumo personal', porque nadie lo especifica. Debería considerarse, también, que el consumo puede afectar a terceros y ahí deja de tratarse de una conducta meramente privada".

El proyecto, dice García, busca "cambiar la legislación en un aspecto que no ha producido más que daños, ya que la aplicación de la norma vigente ha criminalizado, artificial e injustamente, a decenas de miles de argentinos absolutamente inocentes de cualquier conducta delictiva".

García indicó que desde 1989, cuando se sancionó la ley de estupefacientes vigente, "se penalizó a más 200 mil personas y se iniciaron 23 mil causas relacionadas con las drogas, de las cuales el 95 por ciento era por tenencia simple o para uso personal. Sólo el 4,5 por ciento tenía una cantidad superior que justificaba la comercialización", señaló, para agregar seguidamente que "no resulta atinado creer que los graves problemas sociales que afligen al mundo actual en el campo de la salud pública, de la educación, de las consecuencias de la extrema pobreza, sean solucionables por la vía de la aplicación de penas a las víctimas de tales situaciones sino por políticas integrales que el Estado debe instrumentar en legislaciones completas".

En tanto, el Subsecretario de Atención de las Adicciones, Claudio Mate, alertó sobre los riesgos de despenalizar el consumo personal de drogas al afirmar que "actualmente, las sanciones para el consumidor al que se le encuentra drogas para el consumo son en la práctica de bajo impacto. Y eliminar una barrera jurídica supondría a la vez la eliminación de una barrera social y un mecanismo disuador, lo que podría redundar en un crecimiento del consumo".

En tal sentido, Mate consideró que "el proyecto parece a contrapelo de lo que se discute hoy en el mundo que es cómo regular sustancias adictivas que no están reguladas, como el alcohol. Si uno considera que el alcohol se consume actualmente ocho veces más que cualquiera de las sustancias consideradas ilegales se puede suponer que una medida de este tipo podría favorecer el crecimiento del consumo".