Sería extraditado a Francia el ex dictador panameño Manuel Noriega

MIAMI.- Un juez federal de Miami rechazó ayer el pedido del ex dictador panameño Manuel Noriega, preso en Estados Unidos, de ser enviado a su país, lo que dejó el camino abierto para su extradición a Francia, que lo reclama para juzgarlo por presunto lavado de dinero.

Ahora, otro juez de Florida deberá decidir sobre esta posible extradición para cuando Noriega quede libre, el 9 de setiembre, tras cumplir su condena por proteger actividades del narcotráfico colombiano.

El ex dictador panameño, de 69 años, pretendía ser enviado a su país, pese a que allí se lo reclama por varios crímenes. El juez William Hoelever, del distrito del sur del estado de Florida, insinuó en su fallo que el actual gobierno de Panamá "no hizo mucho por la repatriación" de Noriega, como había denunciado la oposición en las últimas semanas. "No está claro si Panamá está buscando activamente el regreso del defendido", afirmó el magistrado.

Según los opositores, el regreso del hombre que rigió con mano dura los destinos del país entre 1983 y 1989 resultaría muy incómodo para muchos dirigentes. Como existían dos peticiones de extradición, el Departamento de Justicia implícitamente se inclinó por la francesa. Noriega, considerado en Estados Unidos como prisionero de guerra, presentó una petición de "hábeas corpus" para bloquear el proceso apelando a la Convención de Ginebra que, según él, obligaba a Estados Unidos a repatriarlo.

Hoeveler fue el juez que condenó a Noriega a 40 años de cárcel en 1992 por proteger embarques de droga hacia Estados Unidos, primero reducidos a 30 y después a 17 por buena conducta, y el mismo que dos años después lo reconoció como "prisionero de guerra". En su nuevo fallo, de 12 carillas, el juez asegura que nunca pretendió con ello "protegerlo de futuros procesos por graves crímenes que supuestamente cometió". En Panamá, a Noriega le aguardaba una sentencia penal en firme de 15 años de cárcel por el asesinato del médico guerrillero Hugo Spadafora, en 1985; una condena de 20 años de cárcel por la masacre de oficiales rebeldes en 1989; otra sentencia de 20 años por el fusilamiento del mayor Moisés Giroldi, en 1989; y 8 años por peculado doloso.