Guatemala, golpeada por la violencia y los narcos

Descifrar las actividades y nexos de Henry Fariña, el empresario nicaragüense dueño de una cadena de lujosos clubes nocturnos que acompañaba a Facundo Cabral (era el promotor de los conciertos del cantautor argentino en la región), será determinante para esclarecer el atentado que segó la vida del reconocido artista, según las autoridades.

Fariña se encuentra recuperándose de los ocho balazos que recibió en el atentado del sábado en una clínica de la capital guatemalteca, fuertemente custodiado por la policía, que espera interrogarlo. Hasta el momento fueron detenidos dos guatemaltecos sospechosos de integrar la banda de sicarios que ejecutó el atentado, y las autoridades guatemaltecas mantienen la hipótesis sobre que el mismo iba dirigido en contra de Fariña por órdenes de un "centroamericano", cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.

El asesinato de Cabral se inscribe en el turbio historial de crímenes que caracteriza a Guatemala, duramente golpeada por la violencia cotidiana atribuida a poderosos grupos de narcotraficantes y a pandillas juveniles.

VIOLENCIA ENRAIZADA

En Guatemala se cometen, en promedio, 18 homicidios por día: es una de las mayores tasas de crímenes de Centroamérica, la región más violenta del mundo, según la ONU. La inseguridad es el mayor problema de sus habitantes, que viven a merced de las temidas "maras" (pandillas) y de los poderosos cárteles de la droga. Pero esa violencia no es algo nuevo, sino que tiene una raíz más profunda: Guatemala se desangró en una guerra civil que duró 36 años y fue escenario del genocidio más virulento de América latina, que dejó un saldo de 250.000 muertos y 500.000 desaparecidos.

Si bien las autoridades gubernamentales afirman que el ataque de los sicarios iba dirigido a Fariña, muchos analistas tildan de "especulaciones" la tesis de que Cabral fue una víctima casual del atentado. Y es natural que quede la duda en un país donde asesinatos de personalidades permanecen impunes o han pasado décadas para que la Justicia actúe y por lo regular solo parcialmente.

Excepcionalmente los asesinatos del obispo Juan Gerardi, en 1998, y de la antropóloga Myrna Mack, en 1990, fueron esclarecidos después de engorrosas investigaciones, numerosas amenazas y atentados contra fiscales, jueces y testigos y en ambos se descubrió la participación de militares, aunque quedaron pendientes de completarse los procesos para aclarar la participación de altos mandos castrenses guatemaltecos. Muchos otros crímenes, como el del político Jorge Carpio o el del magistrado de la Corte Epaminondas González no terminaron de resolverse.

A la debilidad del sistema de justicia, hay que sumar que el mes pasado el presidente Alvaro Colom convocó en nombre del Sistema de Integración Centroamericana a una cumbre para pedir ayuda internacional con el fin de hacer frente al narcotráfico que castiga a los países de la región y frente al cual los Estados se han visto debilitados.

El flagelo narco cae con fuerza sobre Guatemala. En el país se ha arraigado el cártel mexicano de Los Zetas, al cual las autoridades le atribuyen violentas acciones para apoderarse de territorios en disputa con otras facciones criminales locales. A ese grupo se atribuyó la matanza de 27 campesinos en mayo, decapitados en una finca del norte del país. Varios mexicanos cabecillas del grupo han sido detenidos en Guatemala.

EN CAMPAÑA

En este marco, el próximo 11 de septiembre habrá elecciones presidenciales para buscar al sucesor de Colom y, hasta el momento, 32 personas involucradas en la campaña fueron asesinadas. El país centroamericano se encuentra inmerso en una campaña electoral marcada por ofrecimientos de aplacar la inseguridad y que ha polarizado a la sociedad entre quienes temen regresar a la represión de las pasadas dictaduras militares y los que creen que los actuales problemas solo se resolverán con "mano dura".

Para los comicios de septiembre figuran candidatos tan diversos como el general retirado Otto Pérez, quien ofrece "mano dura" para combatir la criminalidad; Manuel Baldizón, un político que promete restaurar la pena de muerte en el país con el mismo propósito; Sandra Torres, la mujer que se divorció de Colom para librarse de la prohibición constitucional que restringe a los parientes del mandatario a optar a cargos públicos; y la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, una amiga de Cabral que lloró desconsolada en la escena del crimen e insiste en que lo mataron "por sus ideas". La candidatura de Torres debe ser resuelta en una última instancia judicial, al fallar el Tribunal Supremo Electoral que su postulación se basa en "fraude de ley".

Muchos expertos coinciden en que toda la violencia que existe en Guatemala es consecuencia de los 36 años de guerra civil que terminó en 1996, después de que Alvaro Arzú ganara la presidencia de Guatemala, realizara una purga dentro del ejército y firmara un acuerdo de paz con los rebeldes. Solamente entre 1981 y 1983, durante los regímenes de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, se estima que las masacres en contra de la población se cobraron la vida de 75.000 personas.

ESCALOFRIANTE

La guerra civil dejó un promedio anual de 5500 muertos en Guatemala. Hoy, el narcotráfico y el crimen organizado elevaron esa cifra a 6500