Condena millonaria al país por Metrogas

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos resolvió que la Argentina deberá pagar a la empresa British Gas, 185,3 millones de dólares, por los perjuicios patrimoniales ocasionados, tras el congelamiento de tarifas en 2002, según reportaron agencias internacionales.

En un fallo emitido ayer, el máximo tribunal de los EE UU dictaminó por 7 votos a 2 y revocó un fallo de una cámara de apelaciones que había modificado una anterior disposición de un juez de primera instancia.

La resolución judicial cierra el reclamo de British Gas para recuperar el dinero perdido como consecuencia de la decisión del gobierno argentino de congelar los precios del gas en el 2002 y por violar un tratado recíproco de protección de inversiones, de 1993 entre Gran Bretaña y Argentina.

El reclamo de la compañía británica se inició en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Washington.

En 2007, este árbitro resolvió que como la Argentina tenía el acceso restringido a sus tribunales, debido a la Ley de Emergencia Pública, sería una “consecuencia absurda y no razonable”, exigir a British Gas acudir primero a los tribunales argentinos.

En primera instancia, un tribunal federal de distrito en Washington ratificó la sentencia con una decisión en el 2011. Al año siguiente, la Cámara de Apelaciones revocó ese pronunciamiento alegando que la empresa británica debería haber intentado, presentar la demanda ante la justicia argentina, y luego esperar 18 meses para una decisión, como exigía el tratado, antes de recurrir a un arbitraje.

British Gas argumentó que el congelamiento de precios de 2002 causó la quiebra de Metrogas SA, distribuidora de gas argentina, de la cual era accionista.

La empresa británica tenía en su poder el 45 por ciento de Metrogas y luego de varios años vendió su participación a YPF SA e Integra Gas Distribution LLC.

El pronunciamiento de la Corte Suprema de los EE.UU. se produce en momentos en que la Argentina apeló ante ese tribunal sendos fallos de primera instancia y de alzada en los cuales la justicia federal de ese país obliga al país a pagar unos 1.330 millones de dólares a fondos de inversión que tienen deuda en default desde fines de 2001.

En otra causa, esa corte deberá resolver si acepta otra apelación del gobierno argentino por la cual se impide a bancos suministrar información de activos argentinos a fondos de inversión que reclaman por los bonos defaulteados de 2001. De ambas decisiones dependerá si la Argentina puede continuar pagando sus obligaciones “performing” o bien puede caer en un nuevo incumplimiento.