El obispo de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti, denunció que no hay voluntad política para resolver el conflicto por la toma de terrenos en Merlo, y apuntó al intendente saliente Raúl Othacehé y al electo Gustavo Menéndez, ambos del Frente para la Victoria.

El prelado recorrió el predio de 60 hectáreas sobre la ruta 1003, en el que se instalaron unas 3 mil familias, y aseguró que no hay una preocupación real por asistir a las personas que ocupan el lugar ni por garantizar la paz y la tranquilidad de los vecinos de los barrios adyacentes.

“Vemos con preocupación que las autoridades salientes se despreocupen del problema, pero también notamos que las que van a asumir no han reaccionado con fuerza suficiente, lo que lleva al desconcierto de los ciudadanos”, sostuvo.

Para el obispo, es un “deber ineludible del Estado tomar cartas inmediatamente en el asunto” y evitar un agravamiento del “clima de violencia y de temor” que se percibe en la comunidad.

Monseñor Maletti difundió una carta en la que reflexiona sobre el manejo de la tierra y las viviendas en los grandes conglomerados urbanos, y advierte que los pobres “son quienes más sufren las consecuencias de las ambiciones y la ausencia o anuencia de las autoridades estatales ante los abusos”.

“Hemos visto cómo se han aprovechado de esa situación algunos movimientos sociales y políticos quienes han elevado las legítimas banderas de la violación de los derechos para lograr posicionarse en el espacio público, pero sin un interés genuino en resolver de manera justa los conflictos que se suscitan”, aseveró el obispo.

Monseñor Maletti afirmó que “no se deben avalar las usurpaciones de cualquier tipo”, porque “hay derechos que se violan, y por tanto no tienen legalidad” las acciones cometidas por los ocupantes.

Asimismo, llamó a cultivar la paz social y practicar el amor a los pobres para que alcancen una vida digna.

“La comunidad católica de Merlo-Moreno no puede permanecer ajena ante estos hechos que ponen en riesgo la paz de la comunidad y constituyen un grito de alerta en torno a las condiciones de vida de los pobres y el uso de la tierra en el conurbano”, subrayó.

La primera ocupación ocurrió el 21 de octubre, en un predio destinado a un plan federal de 340 viviendas sociales, acto que continuó con la apropiación de terrenos de propiedad privada. De acuerdo con las denuncias serían unas 3 mil familias las que en los días previos a las elecciones del pasado 25 de octubre terminaron instalándose.