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Club SUBE, oportunidad histórica para una reforma impositiva
Por MARTIN TETAZ (*)
Twitter: @martintetaz
Más allá del discurso combativo y de su continua intervención en la economía, una de las grandes deudas de este Gobierno, reconocida incluso por los propios economistas de la Gran Makro, es no haber reformado la estructura tributaria.
De acuerdo a un trabajo de Diego Fernández Felices, Isidro Guardarucci y Jorge Puig, todos de la Universidad de La Plata, el sistema impositivo argentino es levemente regresivo en los primeros nueve deciles de la distribución del ingreso, recuperando algo de progresividad en el décimo decil.
Puesto en otras palabras; pagan proporcionalmente más impuestos los que menos tienen, salvo los que pertenecen al 10% más acomodado de la sociedad, que en virtud del impuesto a las Ganancias y los tributos a la propiedad, terminan poniendo un poco más que el resto.
Cuando los autores miran hacia adentro de cada impuesto, sin embargo encuentran que el IVA recae fuertemente sobre los hogares más pobres y pesa mucho menos entre los más ricos.
Si la estructura tributaria fuera neutral, un grupo poblacional que se lleva el 10% del ingreso, por ejemplo, tendría que pagar el 10% de los impuestos. Sin embargo, el segmento que gana menos en nuestro país sólo se lleva el 1,32% del ingreso, pero aporta el 2,21% de la recaudación de IVA, mientras que el decil más rico se lleva el 36,2% del ingreso, pero contribuye con sólo el 30% del total que el Tesoro junta por ese impuesto. Esto quiere decir que los más pobres pagan un 59% más de lo que les correspondería bajo un esquema de proporcionalidad, mientras que los más ricos terminan oblando un 17% menos de lo que deberían.
El impuesto a las Ganancias, en cambio, es fuertemente progresivo porque el 90% de los hogares directamente no lo paga, e incluso si se tiene en cuenta la incidencia de los tributos a las ganancias de las empresas, el peso está fuertemente concentrado en el 10% de mayores ingresos.
En Argentina durante 2014 se recaudaron 331.000 millones de pesos por el impuesto al valor agregado (IVA), pero sólo 267.000 millones por Ganancias. Evidentemente, entonces, si el impuesto más regresivo es el que aporta más dinero, en comparación con el más progresivo, la estructura tributaria no está ayudando a mejorar la distribución del ingreso.
Sumado a eso, el IVA es un impuesto menos transparente que Ganancias, porque al estar escondido en el precio de los bienes, los consumidores no siempre son conscientes del aporte fiscal que están haciendo, lo que sí sucede con Ganancias porque es evidente el descuento en el recibo de sueldo.
Por estas dos razones, la tendencia de los países más avanzados es no sólo a que su estructura tributaria descanse más sobre impuestos a los ingresos y no tanto en tributos al consumo, que gravan sólo de manera indirecta la capacidad contributiva, sino que se prefieren los impuestos que recaen en las personas físicas.
Por no haber dado el debate sobre el tema ni haber tenido el coraje de reformar los impuestos, el Gobierno termina encerrado en la presión de un conjunto de gremios que representan a los trabajadores de más altos ingresos y que buscan pagar menos Ganancias.
Es cierto que los que protestan tienen un argumento fuerte: la mayor presión impositiva no fue votada por el Congreso; es el resultado de que la inflación producida por el propio Gobierno se comió los mínimos no imponibles y acabó con la progresividad de las escalas del tributo.
Pero esta vez, el Ejecutivo puede enviar un proyecto al Congreso para reformar la estructura tributaria bajando el IVA y subiendo Ganancias, lo que beneficiaría fuertemente a la clase media y los grupos de más bajos ingresos.
Siempre se ha argumentado que no era posible bajar el IVA porque no había garantías de que los empresarios trasladaran la reducción a las góndolas, pero una nueva ley puede establecer el reintegro del IVA directamente a quienes pagan con tarjetas bancarias y ahora también a quienes no están bancarizados, porque la devolución podría hacerse usando la SUBE.
La Presidenta dio el primer paso esta semana cuando anunció el “Club SUBE”; un convenio con comercios que extiende la utilidad de la tarjeta de transporte y le permite ser utilizada como una tarjeta de descuentos para aprovechar distintas promociones.
Abrió así la puerta a que el popular plástico pueda ser usado también para reclamar el reintegro del IVA, que bien puede hacerse ahora como un descuento comercial más o como un crédito cargado en la SUBE. Ese dinero, a su vez, podría ser gastado no sólo en viajes, sino también para pagar cualquier otro producto en miles de comercios. La medida serviría también para reducir drásticamente la informalidad y la evasión, porque los consumidores optarán probablemente por los comercios que ofrezcan los reintegros, blanqueando las transacciones.
Con la tecnología disponible se acabaron las excusas. Si la reforma tributaria no se encara será porque el tema no es prioritario en la agenda de la Presidenta y no existe la voluntad política de llevarlo adelante.
(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) e investigador visitante del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS)
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