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Fuerte discurso del presidente de la Corte tras las críticas de Cristina
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirmó ayer que los jueces “deben poner límites” a los otros poderes y “no ceder a las presiones”, pidió que no se critique las sentencias “deslegitimando” al magistrado y exhortó a un debate democrático.
Lorenzetti pareció tomar el guante que le dejó al máximo tribunal las fuertes críticas de la presidenta Cristina de Kirchner el domingo en la Asamblea Legislativa. Aunque la respuesta más directa fue sobre la causa del atentado a la embajada de Israel, donde ayer continuó la polémica (ver página 6).
En la apertura del año judicial, Lorenzetti sostuvo que “es tiempo de terminar con la impunidad”, pidió “respeto a las instituciones” y reclamó que “no hagamos disputas de poderes” porque “las víctimas no esperan que nos echemos la culpa los unos a los otros, esperan una actitud más adulta”.
Durante un extenso discurso en el Palacio de Tribunales, donde exhortó a la cooperación entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, el titular de la Corte convocó a “cambiar” la forma de gobernar basada en una “concentración decisional” y pasar de un “modo concentrado” al “modo descentralizado”.
Advirtió que “no toleraremos ninguna acción extrema que ponga en riesgo el Estado de Derecho”, subrayó que la Corte “es republicana y por eso sostenemos que el Poder Judicial debe ser independiente” y llamó a “respetar” tanto al ámbito judicial como al Congreso y también a “la institución Presidencial”.
“Preservar la democracia es algo demasiado importante como para dejarla en manos del odio, de la división, del egoísmos, y del miedo”, acotó.
El titular de la Corte Suprema aseguró además, que no se refirió expresamente en ningún momento a la mandataria, que los “jueces no gobiernan, deben poner límites” y “no ceder a las presiones”, al tiempo que cuestionó que se critiquen las sentencias “deslegitimando” al magistrado.
Fue una de las principales críticas de la jefa de Estado en el Parlamento, quien acusó a los magistrados de “querer independizarse de la Constitución”.
“Es bueno que las sentencias sean criticadas, por parte de funcionarios, ciudadanos o periodistas, eso enriquece. Pero muchas veces no criticamos el argumento, sino que deslegitimamos al emisor, diciendo que el juez no es independiente, que responde a tal o cual. Eso no es bueno en el debate democrático”, sentenció.
Lorenzetti remarcó que “un juez nunca va a ser popular” porque los magistrados “deben seguir una línea imparcial, no buscando la aprobación de las mayorías momentáneas”.
También rechazó las críticas presidenciales contra la Corte por impulsar que se realizara primero el juicio por la “tragedia de Once” y se postergara el debate por el encubrimiento del atentado contra la AMIA.
Tras informar que “La Corte no puede indicarle a un tribunal qué causas va a llevar adelante”, el presidente del tribunal lamentó: “No es bueno que un tribunal oral tenga que decidir si lleva el juicio de la AMIA o de Once. El problema es que los tribunales orales están saturados, muchas otras causas están demoradas”.
En ese contexto, devolvió la responsabilidad al Ejecutivo, al recordar que en 2010 se aprobó la creación de los tribunales orales federales números siete y ocho, “que hubieran solucionado estos problemas”.
También reclamó al Poder Ejecutivo “una profunda reforma en las fuerzas de seguridad” para que la justicia cuente “con una policía científica” abocada a la investigación criminal.
En momentos en que las pericias por el caso de la muerte de Alberto Nisman parecen retrasadas, el titular del Poder Judicial resaltó que “no tenemos a disposición” personal con capacidad técnica y equipos adecuados por lo que, dijo, ello obstaculiza muchas veces “condenar a los culpables”.
Por otra parte, Lorenzetti, prometió que “continuaremos con los juicios de lesa humanidad” a represores de la última dictadura, más allá del cambio de gobierno nacional a fin de año. Reivindicó que “los derechos humanos han sido una política de los tres poderes del Estado” y recordó que en la Justicia “se ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía”, en referencia a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.
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