Crece la polémica por el protocolo antipiquetes

La polémica por el proyecto para instaurar en la Ciudad un protocolo antipiquetes continuó creciendo ayer en el ámbito político local, con respuestas que fueron desde el rechazo total hasta la creación de una audiencia pública que delibere sobre la necesidad y forma que debería tener su implementación.

Ayer, organizaciones sociales y de derechos humanos concluyeron en rechazar la propuesta de plano, mientras que el Frente para la Victoria pidió un debate abierto y un gremio de los taxistas la apoyaron.

Como viene publicando este diario, el intendente, Julio Garro, y el presidente del Concejo, Fernando Ponce, presentaron un proyecto de ordenanza que establece que las protestas deberán ser anunciadas con antelación, al tiempo que los manifestantes deberán cumplir una serie de normas, como la de no quemar gomas ni usar pirotecnia, siendo susceptibles de ser aprehendidos por las fuerzas policiales, como ocurre con los delitos de flagrancia.

Según el Ejecutivo local, la medida busca conciliar el derecho a la protesta social con el de transitar, en función a los recurrentes piquetes que se originan diariamente en el centro de la Ciudad.

Sin embargo, la propuesta viene sufriendo fuertes críticas de la oposición y organizaciones sociales. Entre ellos, el concejal de FpV Nacional y Popular Guillermo Cara expresó su preocupación por “la falta de conocimiento del Ejecutivo local al querer legislar sobre cuestiones que no son propias y anteponer el derecho al libre tránsito por sobre el derecho a la protesta social”.

El edil indicó además que “en lugar de fijarse pautas para atender las razones del conflicto, se deja librado el accionar de las fuerzas, no teniendo en cuenta la integridad física de las personas”.

En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria advirtió que “cualquier decisión política que cercene el legítimo derecho a peticionar constituye una vulneración de las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático” y destacó que “el protocolo anunciado a nivel nacional no tuvo una resolución formal que le dé vigencia y la provincia de Buenos Aires no dictó ninguna resolución en consecuencia”.

Además, la comisión consideró que “el municipio se arroga facultades que no tiene para legislar en materia penal, procesal penal o disponer de la intervención de las fuerzas policiales provinciales”, al tiempo que analizó que “el proyecto tipifica como delito la protesta social e invierte la carga de la prueba”.

En tanto, el dirigente del Movimiento Evita y diputado provincial Gustavo Di Marzio opinó que “lo que se intenta instalar es un modelo represivo”.

UNA AUDIENCIA PUBLICA

Por su parte, el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Fabián Lugli, presentó ayer en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución en el que solicita la convocatoria a una audiencia pública, con la participación de sindicatos, ONG, funcionarios municipales y provinciales, organismos de derechos humanos y miembros del Poder Judicial, entre otros implicados en la cuestión.

Lugli también fue crítico con el proyecto pero advirtió que la audiencia pública serviría para poner en debate los alcances de “un equilibrio entre el derecho de quienes hacen una manifestación y quienes deben circular”.

APOYO

El dirigente del Sindicato Unión de Conductores de Taxis, Juan Carlos Berón, también participó de la controversia y apoyó la iniciativa aunque indicó que “no estamos de acuerdo con pedir permiso para manifestarnos porque estamos en democracia” ni “con ser agresivos hacia la gente”. Sin embargo, coincidió en que “avisar un día antes permitiría al municipio ordenar el tránsito y en algunos lugares dejar libre un carril para poder circular” y se mostró de acuerdo en “prohibir la quema de gomas y las manifestaciones de encapuchados”.