Fallo en Nueva York destraba el pago a los buitres para salir del default

La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió ayer levantar las restricciones que pesaban contra el país, por lo que la Argentina quedó habilitada para poder emitir y pagar deuda externa, y cumplir con los acuerdos efectuados con los holdouts.

Esto significa que el Gobierno procederá inmediatamente a avanzar para emitir deuda bajo ley de Nueva York por 15.000 millones de dólares, el próximo lunes, donde el grueso de los fondos irá a manos de los holdouts que alcanzaron un acuerdo con el país. El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, festejó en Nueva York la decisión de la Corte Superior, y anunció que empezará “cuanto antes el lanzamiento de la operación. El fallo “significa poder dejar atrás 15 años de estar desconectados del mundo”, dijo, y agregó que esta noticia “no la esperábamos tan pronto y la estamos festejando”, dijo.

DECISION EXTRAORDINARIA

El ministro, que dijo que “es poco considerar esta decisión como extraordinaria”, admitió que espera más acuerdos con el país en las próximas horas.

Hasta el momento, más del 80% del universo de holdouts, estadounidenses y de otras jurisdicciones, decidieron aceptar la oferta argentina presentada el pasado 5 de febrero, a través de las mediación de Daniel Pollack, quien estuvo presente en la audiencia.

Tras escuchar los argumentos de las partes, los tres jueces de la corte decidieron ir a un cuarto intermedio, que se prolongó por 10 minutos. Tras ese lapso, los magistrados, vestidos con su toga negra, volvieron a sus sillas y avalaron la posición argentina y condicionaron al juez Thomas Griesa a que vele por “los pasos necesarios para el cumplimiento” de los pagos de la Argentina a los holdouts.

La sesión comenzó puntual a las 10 de la mañana, hora local, luego de que se escucharon tres martillazos. El primero en disertar fue el abogado Michael Spencer, quien defendió la postura de los pequeños bonistas, que tienen en su poder 600 millones de dólares, y que rechazaban la oferta argentina, porque no querían recibir el 70% de sus acreencias, sino el 100%, y porque consideraron que el país “no negoció” con ellos y que, en cambio, “se trata de una oferta de tómalo o déjalo”.

La defensa de Spencer fue uno de los argumentos más fuertes contra la posición argentina, ya que indicó que “los derechos de la minoría de acreedores debía ser escuchada”, si bien luego no alcanzó.

Del otro bando, quien defendió a la Argentina fue el abogado Paul Clement, que fue contratado especialmente para la ocasión, luego de una decisión que tomó en conjunto el ministro con el equipo de Finanzas, según reconoció Prat Gay. Clement explicó que se se trataba de “una cuestión práctica”, que la Argentina necesitaba levantar estas restricciones para poder reingresar a los mercados de capitales y poder pagarle a los acreedores.

Clement insistió en la necesidad de levantar las restricciones ya que tampoco puede pagarles a los bonistas reestructurados. “Si Argentina hubiera podido pagarle a los acreedores de alguna manera por fuera de Estados Unidos ya lo habría hecho”, enfatizó. En cambio, el abogado de NML, Mathew McGill, y de Aurelius, Edward Friedman, solicitaron que la Corte mantenga las restricciones para que la Argentina cumpla con los acuerdos, y eventualmente utilice reservas, hasta esperar la entrada de capitales de los mercados. Otros de los que salió a defender férreamente la posición argentina fue el abogado de Kenneth Dart del fondo Montreaux, uno de los fondos buitre que acordó con la Argentina y pidió levantar las restricciones en contra del país. Luego de conocer el veredicto, el derrotado Spencer, representante de los pequeños bonistas, admitió que “seguramente vamos a hablar con el gobierno argentino”, para un eventual arreglo.