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Información General |ALERTAN POR LA FRAGILIDAD SOCIAL FRENTE A LAS ADICCIONES

La mitad de las familias argentinas ve que venden drogas cerca de su hogar

Un informe de la Universidad Católica revela un fuerte incremento en la percepción del narcotráfico en los barrios durante los últimos cinco años

19 de Junio de 2016 | 01:25

Aquella idea popular de que “todo el mundo sabe donde se vende droga menos la policía” parece verse confirmada en cierto modo por un nuevo informe que dio a conocer la Universidad Católica Argentina días atrás. Y es que de acuerdo con el estudio en que se basa, casi la mitad de las familias urbanas de nuestro país observa que se venden drogas en sus barrios, una percepción que ha venido creciendo en forma notable a lo largo de los últimos cinco años y que no parece modificarse sustancialmente por el hecho de que haya en sus zonas una mayor o menor presencia policial.

El informe sobre “Fragilidad Social por Venta de Drogas y Adicciones Severas en Áreas Urbanas”, que fue presentado el jueves pasado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, señala entre sus principales conclusiones que la percepción de la venta de drogas en los barrios se incrementó un 55% entre 2010 y 2015, y que hoy casi 5 de cada 10 familias en el país observan este tipo de amenaza en torno a su hogar.

De acuerdo con el estudio, que se basa en una encuesta sobre condiciones de vida realizada a 5.680 hogares urbanos de todo el país, la percepción de que se vende droga en el barrio aumenta en forma proporcional a su precariedad: cuanto más pobre es la zona, mayor es el porcentajes de vecinos que lo ve. Es así que mientras que en sectores sociales medios altos apenas un cuarto de los habitantes reconocen la situación, en las villas y asentamientos humildes la cifra asciende a ocho de cada diez.

“Lo que se ve en el estudio es que el comercio de drogas ilegales tiende a ser más fuerte en los espacios sociales más vulnerables. Y eso está claramente condicionado por las carencias que sufren las personas que viven ahí: la falta de integración laboral, el déficit de integración en el sistema educativo, las dificultades para sostener proyectos de vida... es decir todo un conjunto de derechos vulnerados por falta de políticas de contención social”, explica el sociólogo Juan Ignacio Bonfiglio, coautor de la investigación.

Pero “si bien la desagregación social indica una mayor concentración del fenómeno en los barrios más pobres, eso no significa que el narcotráfico se circunscriba sólo a esos espacios”, señala el investigador. “El comercio puede darse con mayor intensidad en los sectores sociales más vulnerables pero el fenómeno del narcotráfico atraviesa toda las capas sociales, porque para que sea posible requiere de mecanismos de blanqueo de dinero que se dan a otro nivel”.

Otro dato significativo que arroja la investigación tiene que ver con la incidencia del accionar policial. Y es que bien el registro de venta de drogas tiende a ser más alto en los barrios con baja presencia de la policía, el problema parece haberse incrementado a lo largo de los últimos años de manera independiente a este factor. Es así que mientras que en las zonas con menor presencia policial, hoy el 55 % de los vecinos advierte venta de drogas, la percepción del fenómeno apenas baja al 41% de los habitantes allí donde la presencia policial es mayor.

“Este dato nos habla de que la presencia policial es insuficiente en el mejor de los casos cuando no supone alguna forma de complicidad -sostiene Bonfligio-. Pero el narcotráfico es un fenómeno demasiado complejo para pensar que se resuelve con mayor presencia policial. La policía puede ser un factor de disuasión pero lo que más incide sobre el fenómeno, como sugiere el estudio, son sin duda las políticas de inclusión social”.

EL IMPACTO DE LAS ADICCIONES

Con respecto a la evolución en las adicciones severas, el otro gran capitulo del informe de la UCA sobre Fragilidad Social, los investigadores no advierten que el panorama haya cambiado sustancialmente en los últimos cinco años. Mientras que un 2% de los hogares urbanos sigue registrando algún integrante con adicción a drogas ilegales, el 2,5 % lo tiene con el alcohol, el tipo de adicción con mayor presencia en nuestro país.

“En la mayoría de los hogares donde al menos uno de sus integrantes registra alguna adicción severa, su familia no buscó ningún tipo de ayuda profesional”

“En la mayoría de los hogares donde al menos uno de sus integrantes registra alguna adicción severa, su familia no buscó ningún tipo de ayuda profesional”, comenta la psicóloga Solange Rodríguez Espínola, coautora de la investigación.

“En la ciudad de Buenos Aires menos de 2 de cada 10 hogares intenta obtener asistencia profesional y en el Conurbano Bonaerense un tercio de los hogares tuvo la decisión de asistir a algún profesional para recibir orientación por la problemática adictiva. La mitad de los hogares que buscaron ayuda para recibir orientación profesional frente a la adicción lo hicieron a través de instituciones públicas. Sólo en el 26% de los hogares con problemas de adicciones en alguno de sus integrantes dicen estar actualmente bajo tratamiento”, detalla entre sus conclusiones el estudio del Observatorio de la Deuda Social.

“Vemos que no hay una política clara de ayuda para los adictos, ni tampoco un sistema de promoción eficiente de la asistencia. El problema afecta tanto a las instituciones del ámbito público como a las del privado. Los lugares de atención son escasos en función de la demanda. Imaginemos lo que sería si todas las personas con problemas de adicción se deciden a tratarse”, dice Rodríguez Espínola.

Al enfocarse en la situación de los jóvenes de asentamientos informales del Conurbano Bonaerense, el estudio da cuenta de su mayor vulnerabilidad frente al avance del narcotráfico y las drogas en los barrios, dado su particular contexto de exclusión social y la ausencia de un Estado protector.

“Este avance se expresa no sólo en los altos niveles de prevalencia y consumo problemático de diferentes sustancias psicoactivas, sino también en el aumento del tráfico y la producción de diferentes tipos de drogas (pasta base), el registro por parte de los jóvenes de una colusión político-policial y la falta objetiva de instituciones públicas de asistencia y protección.

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