Las “verdulerías móviles” y otros puestos ambulantes que usurpan espacios públicos

La aparición de “verdulerías móviles” en el centro de la Ciudad -se estima que en los últimos tres años se instalaron treinta y seis nuevos puestos informales- como expresión del rubro que más se ha expandido, en el contexto del verdadero desborde en que ha venido a dar la venta ambulante en general, habla a las claras de un recrudecimiento de la venta informal, que ocupa ilegalmente el espacio público y que transgrede no sólo normas municipales sino leyes impositivas, comerciales o sanitarias de jurisdicción provincial y nacional.

Casi en cualquier cuadra del microcentro se ven puestos precarios en los que se ofrecen frutas y verduras a un precio inferior al que se puede conseguir en los supermercados y verdulerías. Los “fruteros” -como suelen denominarse a sí mismos- desarrollan su actividad apropiándose del espacio público, sin contar con habilitaciones, pagar impuestos o someter los alimentos a controles bromatológicos. Y resisten, al igual que los manteros, los operativos que la Municipalidad ha lanzado en los últimos meses para erradicarlos.

Tal como se indicó en la nota publicada en este diario, la avenida 7 -en especial entre 46 y 48, donde los “fruteros” se suman a la gran variedad de otros vendedores ambulantes-, los centros comerciales de 8, 12 y de diagonal 80, así como en las inmediaciones de sucursales bancarias y en aledaños la Estación de Trenes, son los sitios donde casi invariablemente puede verse a personas vendiendo frutas y verduras.

La venta ambulante, prohibida por ordenanza sancionada en 1997, termina afectando al espacio urbano y perjudica, en primer lugar, a los comerciantes regulares que pagan tasas, impuestos y alquileres. Las principales asociaciones comerciales y empresarias locales no han dejado de subrayar en estos tiempos su preocupación por el renovado empuje que demuestra la venta informal. La Ciudad, ciertamente, se ve como desbordada frente al anárquico empuje de la venta ambulante y el “vale todo” pareciera ser la consigna que define e importa.

Desde luego que resulta especialmente delicada una cuestión que involucra la natural y justa necesidad de trabajar de personas que no han podido incorporarse al mercado laboral y que, por consiguiente, buscan remediar ese problema desplegando alguna actividad informal

Pero ésta es una cuestión que, tanto las autoridades como los propios trabajadores informales, deberían resolver mediante otras vías. Existen en muchas ciudades del mundo lugares especialmente habilitados para la venta informal -los llamados mercados de pulgas o ferias- que son espacios circunscriptos, dotados de infraestructura acorde, debidamente iluminados, que se convierten en verdaderos atractivos turísticos.

Pero lo que resulta inadmisible es que la comercialización de productos se vea anarquizada, desprovista de todo control estatal y sometida al libre albedrío de empresarios que, bien se conoce, son los que financian y manejan esta economía informal. Las autoridades -no sólo municipales, sino también las provinciales y nacionales- están obligadas a velar para que no se vea ocupado ilegítimamente el espacio público, sin permitir que una verdadera continuidad de “negocios” que no tributan tasas o impuestos, que compiten deslealmente, sean además un verdadero estorbo para miles de peatones que en la zona céntrica ya no encuentran, virtualmente, sitios para desplazarse con comodidad.