Persiste irresuelto el problema de los taxis truchos en la Ciudad

La nueva denuncia formulada en estas horas por los propietarios de taxis de La Plata en el sentido de que habría unos 5.000 remises truchos trabajando en las calles –en una situación que no es novedosa, pero que se agudiza año tras año- expone la existencia de una grave anormalidad que afecta al transporte público, con eventuales y muy graves derivaciones para la población.

Lo cierto es que los propietarios de taxis le reclamaron a la Municipalidad local que despliegue operativos diarios de control, que sean sorpresivos y se traduzcan en resultados concretos sobre la actividad del transporte ilegal. En este sentido, denunciaron que los remises truchos erosionan el trabajo de los taxistas, a tal punto que anunciaron la realización de un paro en fecha próxima, de no recibir una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades comunales.

Los taxistas alegan que, a partir de la creciente ilegalidad que caracteriza ahora al transporte de pasajeros, los taxis cada vez trabajan menos, en desigual competencia contra las unidades que carecen de toda autorización para ejercer la actividad. Directivos de una asociación de taxistas dijeron que ven con impotencia cómo crecen los remises ilegales, sin que sean controlados. Añadieron que cualquier persona que compra un auto puede incorporarlo a una agencia trucha o habilitada y desarrollar de inmediato su actividad.

Cabe señalar que frente al planteo de los taxistas , desde la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se aseguró que desde el comienzo de la actual gestión municipal se realizaron permanentes operativos de control, tanto de remiserías como de remises, taxis y transportes escolares en paradas, escuelas y distintas zonas concurridas del partido, con el objetivo de detectar a quienes desarrollan la actividad por fuera de las normas, procediéndose a clausurar más de diez agencias no habilitados y a secuestrar unos 40 vehículos que no cumplían con los requisitos legales para trabajar.

Está claro que los taxis no están en condiciones de competir con los remises truchos, que desarrollan su actividad sin cumplir con los requisitos de habilitación exigibles a todo vehículo que quiera brindar el servicio de transporte de pasajeros. Al margen de las consideraciones de índole socioeconómica que suelen invocarse para explicar este verdadero auge de la informalidad, es evidente que resultaría extremadamente negativo que los organismos municipales competentes no actúen con el debido rigor y con el espíritu de equidad que es dable requerir.

Por otra parte, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo, ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad, las autoridades deben extremar los controles que se realizan. No sólo para proteger los derechos de los eventuales pasajeros, sino para impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.

Es fundamental –frente a la irregularidad que supone la presencia de un transporte ilegal, que no cumple con los seguros obligatorios y otros requisitos- que el municipio ajuste los mecanismos de contralor. Los funcionarios tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías a un servicio que, como el de los remises, es de naturaleza pública.