Al juez Ordoqui ya lo investigan como presunto jefe de una asociación ilícita

Esta vez, la “Jackie Smith” bajó del cuarto piso de la mano de un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Llegó este año a las oficinas que comandaba el titular de la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, Martín Ordoqui, y la lucía la secretaría, Eugenia Mercado. Para la Justicia, la cartera de alta gama que puede cotizar entre 10 y 12 mil pesos fue más que un detalle: es uno en la lista de elementos probatorios sobre el funcionamiento, al menos en los últimos cuatro años, de una presunta asociación ilícita “opulenta” entre funcionarios judiciales y operadores judiciales que se habría dedicado a la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero, según indicaron fuentes de la investigación.

La acusación se suma a la de tráfico de influencias por la que el magistrado fue suspendido de sus funciones por 90 días y ya afronta un proceso de enjuiciamiento, con un tribunal de conjueces ya designado.

La novedad se conoció ayer, una vez que se llevaron a cabo una serie de seis nuevos allanamientos (en La Plata, capital federal, San Vicente y Canning) y se dispusieron 4 detenciones: la contadora Nora Pérez, la “falsa abogada” (según los términos de los investigadores) Lidia Perna y Ariel Heine, quien ya estaba detenido pero contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria. Los tres están sospechados por maniobras de cohecho y tráfico de influencias.

La fiscal Betina Lacki (UFI Nº 1) también solicitó a la jueza Marcela Garmendia, que interviene en la causa, el arresto de Mercado, de quien se sospecha que presuntamente formaba parte de esas maniobras y de la asociación ilícita por la que también fue imputado Ordoqui, quien pese a estar suspendido conserva fueros y no puede ser detenido.

Se realizaron seis allanamientos en La Plata, capital federal, Canning y San Vicente

A partir de una causa investigada en San Vicente se profundiza en una secuencia de delitos

Según informó una fuente de la UFI Nº 1, la funcionaria no estaba en su domicilio, en el centro de la Ciudad, cuando fueron a buscarla con las esposas. En esos momentos, su abogado se presentaba con un pedido de eximición de prisión ante la jueza Garmendia. De ese modo, una vez que se resuelva ese planteo se podrá retomar la medida solicitada por Lacki en su contra.

Los investigadores ya habían allanado la casa de Mercado, en 53 entre 2 y 3, el pasado 26 de septiembre y se llevaron un teléfono. Esta vez, secuestraron computadoras y la cartera.

Entre ese objeto de la moda y la nueva acusación hay una investigación que nació con posterioridad a las de la megabanda presuntamente conformada por ladrones, magistrados judiciales y policías, que tiene entre sus detenidos al ex juez César Melazo y al ex fiscal Tomás Moran.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, la pesquisa nació a instancias de una comunicación de la Suprema Corte referida a una causa por apropiación de terrenos en la localidad de San Vicente, de cuyo material surgía la vinculación de uno de sus sospechosos, Ariel Heine, con el Tribunal que comanda Ordoqui a través de personas que ejercerían algún tipo de influencia presuntamente irregular sobre sus funcionarios, para obtener beneficios.

Esa evidencia abrió una investigación con intervención de la jueza Garmendia, con un delito de características similares al que comprometió inicialmente a Ordoqui: la presunta concesión de un beneficio (detención domiciliaria) a Javier Ronco, uno de los presuntos integrantes de la megabanda. En esa maniobra fue acusado Enrique Petrullo, como presunto operador del vínculo entre el acusado y el magistrado. Una fuente de la causa aseguró ayer que ese delito “lo tenemos plenamente probado”.

Entre las pruebas, mencionan mensajes cruzados del juez y el presunto “operador” a través de Telegram, una red de mensajería que tiene como característica cierta invulnerabilidad a las intervenciones y la eliminación casi instantánea del material. A Petrullo no se le borró y llegaron a usarlo los investigadores: “Para que se destruya hay que activar una función. Él no lo hizo”, indicó una investigadora.

Entre esa causa y la presunta concesión en favor de Heine, la UFI Nº 1 empezó a profundizar en una secuencia de delitos, siempre con el mismo esquema de tráfico.

La fuente consultada ayer explicó que en suma, están bajo la lupa hechos que se desarrollaron entre 2014 (cuando aparecen en las comunicaciones los primeros intercambios entre Ordoqui y Petrullo) y los últimos meses.

Siempre según los datos que entregaron fuentes de la investigación, Perna aparece involucrada como intermediaria en una negociación presuntamente ilegal en la que también está mencionada la secretaria del Tribunal.

Heine, a quien se investiga por la apropiación de terrenos en la localidad de Canning, finalmente consiguió la detención con seguimiento remoto (a través de la tobillera electrónica) el 1º de marzo de este año. Según los investigadores, más tarde Perna apareció por el Tribunal con la “Jackie Smith”.