

Enrique petrullo y, detrás, el suspendido camarista Ordoqui / archivo
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Declaró tres horas. Aseguró que es un “emprendedor” y no un operador judicial. Negó haber entregado o recibido dinero. Lo acusan de tráfico de influencias y asociación ilícita
Enrique petrullo y, detrás, el suspendido camarista Ordoqui / archivo
Enrique Petrullo, el presunto operador judicial que está detenido con prisión preventiva acusado de “tráfico de influencias” en la causa de la llamada “megabanda” declaró ayer durante tres horas ante la fiscal Betina Lacki en el expediente que también lo tiene como imputado por “tráfico de influencias y asociación ilícita”.
La sospecha es que, al menos en los últimos cuatro años, hubo una organización conformada por funcionarios y operadores judiciales que se habría dedicado a conceder beneficios procesales a cambio de dinero. El presunto jefe de la maniobra sería el camarista Martín Ordoqui, suspendido de sus funciones por 90 días, aunque todavía con fueros y un proceso de enjuiciamiento en marcha.
Además de Petrullo, preso desde agosto, por esta causa fueron detenidos el lunes pasado la contadora Nora Pérez; la “falsa abogada” (según los términos de los investigadores) Lidia Perna, y Ariel Heine (que tenía prisión domiciliaria).
Lacki (UFI Nº 2) también pidió a la jueza Marcela Garmendia la captura de Eugenia Mercado (funcionaria en el tribunal de Ordoqui), pero su defensa presentó un pedido de eximición de prisión que suspendió esa medida hasta que la resuelva la jueza, lo que sucederá en las próximas horas.
El martes pasado Lacki indagó a Heine y Perna, que se negaron a declarar, y ayer hizo lo propio con Petrullo, aunque éste accedió a hablar y lo hizo durante unas tres horas, tiempo que usó para explayarse sobre algunas reuniones, rechazar todos los cargos e insistir en su inocencia.
“Básicamente dijo que le hizo favores a algunos amigos porque tiene conocidos en el poder judicial, pero negó haber entregado o recibido dinero a cambio”, aseguraron fuentes judiciales, agregando que al ser consultado sobre sus ingresos Petrullo se declaró como “emprendedor en un negocio familiar”.
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Aunque en distintos ámbitos se lo reconoce como un “operador judicial” con vínculos aceitados en los pasillos de tribunales, el ahora detenido no es abogado.
En la indagatoria reconoció haber participado de algunas reuniones que recordó “con lujo de detalles”, aunque “olvidó algunas cuestiones sustanciales”, comentó el mismo vocero. A algunos comprometedores diálogos que mantuvo vía WhatsApp los justificó diciendo que por esa red habla “cada pavadas”, y adjudicó determinados intercambios de dinero entre los imputados a “transacciones comerciales”, como la venta de autos en la agencia de Ronco.
Esta causa se abrió hace un par de semanas tras la denuncia que hizo la Suprema Corte bonaerense en el marco de un sumario que le abrieron a Ordoqui y permitió vislumbrar una operatoria “similar a la detectada en el caso de Ronco”, el hombre que acusó al ex fiscal Tomás Moran de haberle pedido 30 mil dólares para no imputarlo de un doble crimen.
En el expediente de la “megabanda” Lacki hace foco en el vínculo Ordoqui, Petrullo y Ronco. Y la maniobra quedó más expuesta a medida que avanzó la pesquisa. Según trascendió, Petrullo habría remitido documentación a Ordoqui para que “la corrigiera”, a través del correo electrónico de Mercado.
Los investigadores ya habían allanado la casa de esta funcionaria, en 53 entre 2 y 3, el pasado 26 de septiembre, y se llevaron un teléfono.
En el registro del lunes secuestraron computadoras y una cartera Jackie Smith que le habría regalado Perna (otra de las imputadas) como parte de la “contraprestación” para beneficiar a Heine, sospechoso en una causa por apropiación de terrenos en la localidad de San Vicente.
Esa evidencia abrió una investigación con intervención de la jueza Garmendia, con un delito de características similares al que comprometió inicialmente a Ordoqui: la presunta concesión de la detención domiciliaria con pulsera electrónica a Ronco, Petrullo mediante.
Entre las pruebas, mencionan mensajes cruzados del juez y el presunto “operador” a través de Telegram, una red de mensajería que tiene como característica cierta invulnerabilidad a las intervenciones y la eliminación casi instantánea del material. A Petrullo no se le borró y llegaron a usarlo los investigadores: “Para que se destruya hay que activar una función. Él no lo hizo”, indicó un vocero.
Entre esa causa y la presunta concesión en favor de Heine, la UFI Nº 2 empezó a profundizar en una secuencia de delitos, siempre con el mismo esquema de tráfico, entre 2014 (cuando aparecen en las comunicaciones los primeros intercambios entre Ordoqui y Petrullo) y los últimos meses.
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