El acoso de bandas mafiosas dedicadas a usurpar tierras

El fenómeno de las usurpaciones de terrenos no cede en la Región y ahora, en el municipio de Berisso, se acaba de registrar un incipiente asentamiento ilegal que se extiende sobre los bañados que existen entre la calle 66 y la planta urbana consolidada. De este modo, la instalación del precario caserío se sumó a otros, ya insinuados o concretados recientemente, desde hace algunas semanas, en zonas de City Bell, El Rincón y El Retiro.

En el caso de Berisso la inmediata intervención del comando de Patrullas permitió detener a tres de las personas que organizaban la toma, a quienes se le iniciaron actuaciones por la presunta comisión de un delito de acción pública, aún cuando el efecto disuasivo de ese operativo fue de corta duración, ya que pocas horas después un centenar de personas volvió a ocupar terrenos que forman parte del barrio Santa Cruz. A su vez, se informó que la fiscalía penal 9 de La Plata tomó cartas en el asunto.

Muchos vecinos advirtieron que la intrusión no fue realizada por gente que necesite viviendas, sino por personas que se quedan en el lugar hasta que consiguen vender las distintas parcelas. Como bien se sabe, en la mayoría de los casos, las usurpaciones responden a la acción de organizaciones mafiosas, que se aprovechan de las necesidades de vivienda de la gente, toman en forma orquestada tierras fiscales o pertenecientes a privados y luego las venden.

Lo cierto es que hace ya muchos años -se puede hablar de más de tres décadas- que nuestra región se ve sometida al flagelo al parecer incontenible de las usurpaciones de tierras, en una situación que se registra ante la inacción, desinterés y permisividad de los poderes públicos que, muchas veces, prefirieron ignorar la esencia del problema, consistente, por un lado, en la crisis del sistema de vivienda y, por el otro, en que la usurpación es un delito. Un delito que afecta siempre un derecho real de las personas o del Estado cuando las tierras son fiscales y que, además, vulnera en forma sistemática las reglamentaciones, siempre rígidas para el resto de la población, que el Estado impone para viabilizar cualquier asentamiento poblacional.

Entre otras nocivas consecuencias, las tres ciudades de nuestra zona se ven virtualmente acosadas por una irregular -y muy lucrativa- atomización ilegítima de las tierras, en donde se instalan viviendas y barrios enteros que carecen de los servicios públicos indispensables para garantizar una buena calidad de vida de quienes los habitan.

Al margen de los aspectos legales, es evidente que la Región no puede permitirse un crecimiento urbanístico desorbitado, como el que se desprende de las usurpaciones. Ello, al margen de que es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales impulsadas por grupos que actúan con fines de lucro, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas, tal como viene ocurriendo en nuestra zona.

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Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El problema habitacional es, sin duda, uno de los prioritarios. Se está frente a un problema complejo -nutrido de diversas urgencias- que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas, pues ambos se encuentran tutelados por la sabia letra de la Constitución.