Advierten por cierre de colegios privados y abandono escolar

En un compás de espera a partir de una reunión de “conciliación voluntaria” que se concretó ayer (ver aparte), el conflicto de la escuela privada “Paso del Libertador” y su jardín de infantes “Pasito a Paso”, que cerrarían sus puertas por motivos financieros, sigue dando tela para cortar. La Defensoría del Pueblo bonaerense difundió un informe en el que vincula el cese de diferentes servicios educativos pagos -y el descenso de la matrícula en esa órbita- con el impacto de las vicisitudes económicas sobre muchas familias.

Mediante el documento, que también hace alusión a una suba en la morosidad y en la tasa de abandono, siempre hablando de establecimientos de gestión privada, se pide a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) “garantizar la continuidad educativa a los alumnos afectados por la crisis económica”.

“Nos estamos encontrando con colegios privados cuyos dueños deciden cerrar sus puertas por la crisis, generando una enorme incertidumbre a cientos de familias que no saben cómo hacer para que sus hijos consigan una vacante para el año que viene” subrayó Walter Martello, defensor adjunto de la Provincia: “durante casi dos décadas se registró un crecimiento en la matrícula privada por encima de la estatal, pero este proceso se ha ido modificando en el último lustro, a punto tal que desde 2013 se estancó el aumento en la matrícula primaria privada, mientras sigue creciendo en la esfera pública”.

Las estadísticas citadas por la oficina del ómbudsman bonaerense indican que las escuelas privadas vienen mostrando una caída en la matricula, en el nivel primario, mayor que en las escuelas públicas, en términos porcentuales: 6,3 por ciento contra 5 por ciento, tomando los datos del período 2016-2017. Y que entre 2013 y 2017 el total de la matrícula de todas las modalidades se incrementó nueve por ciento en la rama de gestión estatal, mientras prácticamente no hubo cambio en la privada. El 85 por ciento de las unidades educativas es de gestión estatal y municipal, y concentra al 93 por ciento de la matrícula, informaron en la dependencia oficial.

“Las crecientes tasas de abandono en los colegios privados podrían estar relacionadas, en parte, con dificultades de las familias para poder afrontar el pago de cuotas” considera el texto elaborado en la Defensoría, que acota: “asimismo, viene aumentando la tasa de repitencia, tanto en las escuelas públicas como en las de gestión privada”.

En este contexto, Martello hizo hincapié en “la delicada situación de docentes y auxiliares que pierden su fuente laboral” y sostuvo que “resulta indispensable que se contemple esta circunstancia y que se les garantice a todos los alumnos de las escuelas de gestión privada el derecho a la educación, sin importar su condición ni situación económica”.

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El funcionario pidió la aplicación efectiva de la flamante ley provincial 15.061, que prohíbe a directivos de establecimientos educativos privados retener boletines y pases de alumnos cuyos padres registren mora en sus cuotas, así como hacer pública la existencia de deudas como “forma de coerción” para que se pongan al día las cuentas.

flamante ley

Concretamente, la norma citada por Martello fue sancionada el 25 de octubre pasado, y en su primer artículo dispone “prohíbase a los establecimientos educativos públicos de gestión privada retener o no entregar boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial de aquellos alumnos que registren morosidad en el pago aranceles o cuotas”.

La ley también deja en claro que “ningún alumno, por falta de pago de aranceles o cuotas o mora en el pago de los mismos, será privado de la asistencia regular a todas las clases, experiencias y actividades pedagógicas e institucionales en general”. Y luego de advertir que no se pueden hacer públicos los datos de morosidad de ninguna de las familias que incurran en ella, agrega que “los establecimientos educativos comprendidos en la presente ley deben adoptar mecanismos que eviten que tanto docentes como alumnos sean involucrados en el cobro de los aranceles o cuotas”.

El Defensor del Pueblo Adjunto -y titular del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- cree que “si bien se menciona en la fundamentación que el Estado debe brindar a los alumnos que eventualmente se alejen del colegio privado una vacante en una escuela estatal, el articulado no avanza explícitamente en la creación de mecanismos que permitan garantizar el derecho a la educación de quienes concurren a colegios que, de forma intempestiva, dejan de funcionar; es decir cómo se resuelve el problema desde la perspectiva de la continuidad educativa”.

“La idea de ‘solución definitiva’ que está expresada en la fundamentación del proyecto, cuando se enuncia que ‘se obliga a la Dirección General de Cultura y Educación a brindar al alumno una vacante para el próximo año escolar en una escuela perteneciente al sistema público de gestión estatal’, no se ve reflejada en los artículos sancionados” analizó Martello. “porque no queda claro cómo se le va a asegurar ese banco”.

intervención estatal

En la cartera educativa provincial aseguran que “no estamos ante un escenario de cierre masivo de colegios privados ni mucho menos”, y que “todavía es temprano para sacar conclusiones acerca del comportamiento de la matrícula y la confirmación o cambio en sus tendencias, porque el proceso de inscripción es muy cambiante y dinámico hasta último momento, en marzo, cuando efectivamente empiezan las clases”.

Los voceros aclararon que “de registrarse el cese en el funcionamiento de algún colegio privado, por la razón que fuera, recibiremos las inquietudes de los padres -como lo estamos haciendo ahora en la Jefatura de Inspección- y se encontrará un banco para cada chico en la órbita privada o pública; ambas trabajan de manera coordinada estas cuestiones para preservar la trayectoria educativa del alumno, lo que constituye una prioridad”.

En esa sintonía el Defensor del Pueblo Adjunto destacó la importancia de la Ley 15.061: “la legislatura provincial proveyó una respuesta legal concreta a situaciones de hecho que se venían dando en la Provincia en perjuicio del derecho a la educación de los niños; ahora los padres tienen un instrumento para impedir que los boletines y los pases de sus hijos queden retenidos como garantía de pago de las deudas en mora, situación que dificultaba la continuidad educativa de los niños y su pase al sistema educativo de gestión pública”.