Lula estuvo a punto de salir de la cárcel, pero la Corte Suprema le cerró la puerta

BRASILIA

El ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estuvo ayer a punto de salir de la cárcel gracias a una cautelar dictada por un juez del Supremo, que fue finalmente anulada por el presidente de ese tribunal, Antonio Dias Tóffoli.

La puerta de la celda en que Lula está recluido desde el pasado abril parecía abrirse ayer con una polémica cautelar dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello contra la posibilidad de que una pena sea ejecutada una vez confirmada en segunda instancia, tal como es el caso de Lula y de otras 169.300 personas en Brasil.

Mello se apoyó en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión solo se puede cumplir cuando sea firme, lo cual ocurre tras lo que en Brasil se conoce como “tránsito en juzgado”, que supone el fin de todo el proceso de apelaciones, que llega hasta la cuarta instancia.

Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada este año en una ajustada votación que terminó 6-5, contempla la posibilidad de que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia.

Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modifican la sentencia.

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La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso que durará hasta el próximo mes de febrero, lo que generó aún más polémica sobre la posible excarcelación de Lula y otros políticos condenados por corrupción.

Los fiscales responsables por la llamada Operación Lava Jato, que llevó a prisión a Lula y a dirigentes de una decena de partidos, se plantaron frente a la decisión y consideraron que si no era anulada se “consagraría la impunidad”.

El Partido de los Trabajadores (PT) se movió con rapidez y llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder. “Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte”, alegaron los abogados de Lula.

Sin embargo, la jueza responsable del caso supeditó la libertad de Lula a la posición que adoptaría sobre el asunto la Fiscalía General.

Ese organismo lo hizo de hecho, pero con una apelación que presentó contra la cautelar apenas unas horas después de que fue dictada y que fue finalmente negada por Dias Tóffoli.

En su sentencia, el presidente de la Corte Suprema coincidió con la Fiscalía General en que una excarcelación cautelar de aquellos que serían beneficiados podría “causar una grave lesión al orden, a la salud, la seguridad y la economía pública”.

Dias Tóffoli explicó además que no podía dar lugar a una cautelar que “contraría una decisión soberana ya tomada por la mayoría del pleno” del Supremo, tanto en 2016 como este mismo año.

También consideró que el asunto no requería “ninguna urgencia” como para ser decidido en forma cautelar, sobre todo cuando ya ha sido anunciado que la Corte Suprema volverá a discutir el asunto de la prisión después de la segunda instancia en una sesión prevista para abril próximo.

La situación jurídica suscitada ayer fue similar a la que sacudió a Brasil en julio pasado, cuando un juez de guardia un domingo en el tribunal de segunda instancia que condenó a Lula, dictó una cautelar en el mismo sentido de la dictada ayer por el magistrado Mello, pero solo en beneficio del ex mandatario.

Esa decisión fue anulada ese mismo día, así como ocurrió ayer, pero no impidió que a lo largo del año la Justicia recibiera unas 200 demandas contra la prisión después de segunda instancia, las cuales fueron rechazadas una a una.

Entre los motivos alegados para pedir la excarcelación de Lula se usó hasta su candidatura presidencial para las elecciones de octubre, a las que fue inscripto como abanderado del PT y luego vetado por la Justicia electoral, a la luz de una norma que impide postularse a aquellos condenados en segunda instancia.

LA CAUSA JUDICIAL

El ex presidente Lula (2003-2010) fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en julio de 2017, acusado de haber recibido un departamento en una playa de San Pablo a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la estatal Petrobras.

La sentencia fue aumentada en enero a 12 años y un mes por un tribunal de apelación. En abril, el STF decidió, en una votación muy apretada de seis contra cinco, que la sentencia debía aplicarse tras la condena en segunda instancia, incluso si quedan pendientes otros recursos.

El fundador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta varios otros procesos, pero se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.

Este nuevo embrollo judicial se produjo en vísperas de que el próximo 1 de enero asuma el poder el ultraderechista Jair Bolsonaro, un duro crítico de los gobiernos de izquierda, que prometió durante su campaña que Lula iba a “pudrirse en prisión”. (EFE y AFP)