Apuntan a la “industria del juicio” por el “aluvión” de demandas laborales

“El Sistema de Riesgos del Trabajo cumple 29 años de funcionamiento ininterrumpido, pero está bajo amenaza. Sólo en el último año, la industria del juicio impulsó demandas por el equivalente a 6.891.653 salarios mínimos", según advirtió un informe difundido por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Esta “judicialización sin control pone en jaque un sistema que ya salvó 19.000 vidas y protege todos los días a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores”, alertó el documento.

Para la UART, “la judicialización descontrolada amenaza su sustentabilidad” del sistema, mientras proyectó que “solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas, lo que implica más de 10.000 juicios por mes”.

Lideran este fenómeno la Provincia de Buenos Aires(40% de las causas y 50.861 juicios en los últimos 12 meses), CABA (19% y 23.050) y Santa Fe (14% y 17.203).

De acuerdo con este relevamiento, desde junio de 2024 a mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. Considerando el valor de sentencia promedio y el valor del salario mínimo a junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual representa 6.891.653 salarios mínimos. “Esto también es el costo argentino”, advirtieron en la UART y que “esta avalancha judicial no responde a un incremento de accidentes ni a un deterioro del servicio”.

Según la UART, lo que ocurre es “la combinación de pericias médicas judiciales infladas y tasas de interés judiciales desproporcionadas que convierten cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo”.

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“La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países (...) la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”, subrayó Mara Bettiol, presidente de la UART, y advirtió: “Al stock de 290.000 juicios a dic 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025. No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo”.