Los profesionales, a la escuela: la tarea de escribir con más claridad

Cuando fue nombrado presidente de la Academia Argentina de Letras (AAL) a fines de abril, el poeta y ensayista platense Rafael Felipe Oteriño le dijo a EL DIA: “Hay mucha confusión en los textos de algunas profesiones, en recetas médicas o en escritos científicos que resultan de difícil comprensión. Nuestra prédica será la de intentar clarificar el lenguaje”. También expuso: “Bregaremos por el uso de un lenguaje más claro en todas las profesiones”.

Dos meses después y nuevamente en diálogo con este diario, puntualiza: “Es un reclamo social. La idea es que todas las profesiones -médicos, abogados, jueces, entre otros- tengan un lenguaje claro y accesible”. A su vez disgrega el por qué: “Tiene que ser compresible” y, quizás lo más importante, para quién: “La idea es pensar en el destinatario, no quedarse sólo en el que escribe y que lo hace sólo para un ámbito. Que el texto sea comprensible para todos”, analiza.

Con 93 años en funcionamiento, la Academia Argentina de Letras es la institución de referencia en el ámbito de la lengua y la literatura en el país. Tiene un vínculo estrecho -por no decir directo- con la Real Academia Española (RAE) y otras Academias Hispanoamericanas. Actividades en todo el territorio nacional, publicaciones y conmemoraciones a autores son algunas de sus tareas, como también lo es el análisis del lenguaje.

En este sentido, La Plata, capital provincial, es una urbe que tiene una gran presencia profesional: abogados, médicos, científicos que a su vez operan a través de recetas médicas, causas judiciales, sentencias, ensayos. Es también una ciudad formadora de profesionales. Pero, no hay que olvidar que es un gran punto en el mapa donde confluyen muchos estratos sociales, diferentes culturas y, por lo tanto, emite diversidad en los modos de hablar.

CAMBIAR EL LENGUAJE

“Esto tiene comienzo en el ámbito jurídico, en el tribunalicio. Allí a las ‘hojas’ se le dicen ‘fojas’; ‘ut supra’ en vez de decir ‘más arriba’. Pero los pronunciamientos judiciales se vuelcan sobre la sociedad y acá es donde se impone el destinatario, que es el ciudadano común. Por ejemplo, es muy difícil cumplir una condena si no es clara”, explica Rafael Felipe Oteriño.

El derrocamiento del “lenguaje oscuro” -como define Oteriño- es un “tema que lo viene empujando el director de la RAE y que formará parte del análisis en congresos siguientes”, manifiesta y agrega: “La cuestión está instalado en la sociedad. Aún los médicos mayores se han puesto en tendencia que deben cambiar”.

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Para el presidente de la AAL, el lenguaje “se hace en la calle, lo hace el hablante. Se hace de abajo para arriba y se gesta en la sociedad”. La tarea de las academias, analiza, es “encuadrarlo dentro de una gramática, que es la espalda intelectual del lenguaje. Pero a este no lo hacen las academias, éstas no dictan el habla correcta”. Y va por más: “Las academias no son la policía de la lengua. Son escribanos de la misma: dan fe de lo que ocurre en los hechos, de cómo se habla en la calle”, sentencia.

CÓMO LLEVARLO A CABO

Tras la puesta en escena del conflicto lingüístico, el segundo desafío viene como instrumentarlo. “Tiene que suceder una parte docente, pedagógica. Hacerles notar a los operadores dónde está la oscuridad y cómo debe corregirse. Para ello hay libros de estilo y se están publicando guías que son señalamientos de dónde está el lenguaje alambicado y cómo sustituirlo por uno más transparente”, manifiesta Oteriño y suma: “También hay cursos de aprendizaje o talleres de escritura que requieren la intervención de lingüistas y de gramáticos”.

¿Un antecedente? En febrero de este año, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso aprobar la guía de “Lenguaje Claro y Manual de Estilo MPBA”, elaborada por el Centro de Información Jurídica de la Procuración General (CIJur).

Con recomendaciones, sugerencias y pautas de estilo, el objetivo de la guía era que los miembros del Ministerio Público tengan herramientas para una comunicación clara, sencilla y eficaz, garantizando el derecho a entender.

A su vez, la Ley 15.184 tiene por objeto facilitar la comprensión de textos dictados por las autoridades que afectan la vida cotidiana de las personas.