Citan a declarar a Scioli en una causa por adjudicación irregular de obras

El ex gobernador Daniel Scioli y quien fuera su ministro de Salud, Alejandro Collia, fueron imputados y citados a prestar declaración indagatoria por el fiscal platense Alvaro Garganta, en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras de construcción y refacción de Unidad de Pronta Atención (UPA) en distintos puntos de la Provincia.

En total, las maniobras por las que se acusa a Scioli involucraron el pago a empresas cercana al actual diputado nacional por casi 190 millones de pesos en 14 obras.

La resolución firmada por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción penal 11 de La Plata también alcanzó al empresario Ricardo Estanislao Miller, cercano al ex gobernador, titular de la firma Miller Building International SA, a quien la Provincia adjudicó las 14 obras, según el fiscal Garganta de forma irregular. Además, están imputados tres ex funcionarios del ministerio de Salud.

Se trata de un desprendimiento de la denominada “Causa Scioli”, que se inició a partir de una denuncia de la titular de la Coalición Cívica Elisa Carrió, y que investiga distintas supuestas maniobras de desvío de fondos y lavado de activos en la gestión del ex candidato presidencial del FpV.

Por eso, ayer desde el entorno de la diputada oficialista celebraron la decisión de Garganta. “Cuántos sabían del robo a Buenos Aires y callaban cómplices. Gracias a Dios cambiamos y hoy María Eugenia Vidal cuida a los bonaerenses”, dijo la legisladora Paula Oliveto, mano derecha de “Lilita”.

De acuerdo al cronograma fijado por Garganta en el auto de citación, al que accedió este diario, el ex gobernador y actual diputado nacional deberá presentarse el próximo 3 de mayo en las Fiscalías de La Plata, un día después de la fecha prevista para que declare Collia.

Después, será el turno de Miller, acusado de partícipe necesario de la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, y de los ex funcionarios bonaerenses, Gerardo Pérez (ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense), Ana Beatriz Priolo (ex Directora General de Administración) y Matías Alcalde (ex Director de Contabilidad), acusados de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

Tanto Scioli como Collia están acusados de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

El empresario Miller, cercano a Scioli, se quedó con todas las obras de las UPA

Según la resolución de Garganta, existen “indicios vehementes” de que entre los años 2011 y 2015, Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

La adjudicación a esa empresa se concretó “con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario (Ricardo Miller), y además, por las dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol”.

Para el procesamiento “se tuvo en cuenta la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras que Miller hizo en el complejo hotelero del ex gobernador y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas”.

“A medida que avanzaba el empresario en las adjudicaciones, tenía su correlato en las mejoras del predio del ex gobernador”, destaca el fiscal, quien estima que el vínculo comercial y personal entre Scioli y Miller data por lo menos del 2009.

Además de las sociedades que conformaban, Garganta valoró también que Scioli utilizaba dos helicópteros propiedad del empresario.

Miller mantenía negocios a nivel particular con Scioli a través de la construcción de las instalaciones del club de Futsal La Ñata.

Garganta investiga también a Scioli por presunto lavado de activos y delitos contra la administración pública en la jefatura de Gabinete, Aguas Bonaerenses, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el Astillero Río Santiago, Loterías y Casinos y con el alquiler de aviones que fueron usados en la campaña electoral. 

RÉPLICA DE LA DEFENSA

A poco de que la citación firmada por Garganta tome estado público, los abogados defensores del ex gobernador difundieron un comunicado en el que negaron “terminantemente” que Scioli haya incurrido en tráfico de influencias o irregularidades en la adjudicación de obras.

“Conforme surge de los expedientes administrativos, todas las licitaciones y contrataciones del gobierno provincial durante su gestión (inclusive las de los Hospitales de Pronta Atención UPA) fueron regulares, y aprobadas por los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia). Estos organismos no observaron ni encontraron irregularidad alguna que impidieran las contrataciones”, señalaron los abogados Alfredo Gascón Cotti y Miguel MOlina.

Y agregaron: “el gobernador de la provincia de Buenos Aires no interviene nunca, por disposiciones constitucionales y legales, en este tipo de contrataciones”. “A su vez, nuestro defendido nos ha manifestado enfáticamente que jamás dio instrucción alguna, ni ejerció influencia sobre ningún funcionario de su gabinete para favorecer empresas en sus contrataciones con el Gobierno”, destacaron.

“Como siempre lo ha hecho, nuestro defendido está a disposición de la justicia, ejercerá su debida defensa y responderá todo interrogatorio que se le formule en oportunidad de la audiencia fijada por la Fiscalía”, destacaron los abogados defensores del ex gobernador provincial.