El Congreso, un problema creciente para Cambiemos, que alista una “bala de plata”

Por MARIANO SPEZZAPRIA
@mnspezzapria

Si bien logró lo que pretendía, que era bloquear el avance de proyectos opositores para reducir o anular el impacto del ajuste tarifario, la coalición gubernamental Cambiemos comprobó en carne propia que de aquí en más, el Congreso será un escenario hostil para el oficialismo. Sobre todo en la Cámara de Diputados, donde los bloques opositores se abroquelan de forma incipiente detrás de una agenda que mezcla el interés de la sociedad con su propia proyección político-electoral.

De otra forma no podría interpretarse que Cambiemos haya logrado aglutinar en su contra a los kirchneristas del FpV, a los peronistas federales que responden a los gobernadores, a los massistas y también a los trotskistas, un combo político impensado que, por otra parte, no tiene chance alguna de prosperar como un espacio cohesionado. Pero que coincide naturalmente en su rechazo al rumbo económico del Gobierno, del cual el capítulo de las tarifas es un aspecto neurálgico.

En forma paralela se registra en el oficialismo un reacomodamiento en sus filas parlamentarias, más palpable ahora que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunció que no buscará repetir un mandato como legislador más allá de 2019, una decisión que ya desató en Cambiemos intrigas por la sucesión del bonaerense al frente del cuerpo, dado que hay voces que entienden que Monzó no debería seguir en el actual cargo más allá de diciembre de este año.

De hecho, la jefatura de la Cámara baja es codiciada tanto por diputados del PRO como de la UCR, que no lo dicen abiertamente pero que entienden que ese sitial –ubicado en la línea de sucesión presidencial- es un resorte de poder que no debe ser menospreciado. De todos modos, en la mesa chica de la Casa Rosada entienden que se abrirá una etapa de mayor injerencia sobre su tropa legislativa, a través de las reuniones que convoca y encabeza el jefe de Gabinete Marcos Peña.

A Monzó no le caen bien esas intervenciones directas de Peña. Y ayer volvió a hacer de las suyas: reunió a los jefes de bloque en un cuarto intermedio de la sesión especial por tarifas y negoció que cada legislador con proyecto propio pudiera hacer uso de la palabra, a cambio de que la oposición no dejara luego sin quórum la sesión parlamentaria. Así fue que por largas horas, los diputados tuvieron la atención de los medios cuando argumentaban sus iniciativas contrarias al “tarifazo”.

El fondo de la discusión, más allá de las jugarretas parlamentarias, pasa ahora por determinar quién pagará el costo de la eliminación de los impuestos que vienen adosados a las tarifas de luz, agua y gas: si solamente lo harán las provincias y los municipios, como quiere el Gobierno nacional; o si también contribuirá la Casa Rosada con una reducción del 21% del IVA. Aunque eso puede ser un boomerang para las provincias, porque el 56 % de su recaudación es coparticipable.

El diputado Pablo Kosiner, alfil del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, dijo ayer en el recinto que si la Nación insiste en quitarle a las provincias lo que reciben por Ingresos Brutos, terminarán desfinanciadas. Pero a juzgar por los anuncios de la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, el oficialismo avanzará en una rebaja de la carga impositiva. Anoche el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, anunció una reducción del 25 % en la tasa local de seguridad e higiene.

La oposición está en otra sintonía: cuando se reúna la comisión de Presupuesto, la única que aún no emitió dictamen porque la controla Cambiemos, seguramente avanzará en la convocatoria a una sesión ordinaria, en la cual tendrá amplias chances de ganar la votación. Por eso en la coalición gubernamental ya especulan con que –al final del recorrido que también tendrá parada en el Senado- no quedará otro camino que recurrir a una bala de plata: el veto presidencial.