Ola de violencia y fuerte polémica por los trámites para registrar armas

Por JOSÉ GLORIOSO
jglorioso@eldia.com

La inquietud por la escena de la calle, en particular la del mundo de los delitos, sumó un nuevo elemento de debate, como es el sistema de registro para obtener la licencia que habilita la tenencia de armas de fuego y su utilización para defensa personal o deportiva. Desde dos entidades con fines en apariencia contrapuestos, que integran a usuarios y a impulsores del desarme, se expresaron en forma coincidente contra la reforma del sistema de tramitación en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que desde mediados de 2017 centralizó los exámenes psico físicos en una empresa que también evalúa licencias docentes. Desde el organismo, se respondió que el cambio permitió establecer criterios de evaluación uniformes en un programa de trabajo que también permitió detectar personas que contaban con autorización de moverse armadas pese a no estar en condiciones, y profesionales que firmaban solicitudes de “dudosa confiabilidad”.

La lupa está puesta en el costo de la prueba y en la organización de los centros habilitados en 11 centros en la Provincia de Buenos Aires, uno de los cuales está ubicado en La Plata (el resto en distritos del Conurbano, Junín y Mar del Plata).

Calculan que en el país hay 4 millones de armas, pero unas 500 mil registradas

Adrián Marcenac, integrante de la Red Argentina para el Desarme, señaló que “el costo de un certificado -de aptitud psico física- que era de 700 pesos pasó a costar 3.500 y se debe realizar solo a través de una empresa tiene pocos lugares de atención, con turnos que se piden vía web. Antes se podía recurrir a cualquier profesional. Ahora lo centralizaron y sale entre 4 y 5 veces más”.

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El nuevo esquema para uno de los requisitos del carnet de Legítimo Usuario entró en vigencia a mediados de 2017, tras un proceso licitatorio que asignó la función a la empresa Dienst Consulting, conocida en el mundo de la educación de gestión estatal por encargarse de las evaluaciones de salud a docentes para licencias por enfermedad (hasta diciembre lo hacía en toda la Provincia, ahora en dos de las cuatro regiones en que se dividió el sistema).

Para acceder al carnet de usuario también hay que certificar la inexistencia de antecedentes penales, exponer los medios de sostén económico y obtener la aprobación en un examen de tiro que se rinde en polígonos reconocidos por el organismo oficial creado en 2015, en reemplazado del Renar. Marcenac aclaró que desde la Red “buscamos que haya menos armas, pero consideramos que debe haber una serie de requisitos a cumplir en el Estado por parte de quienes quieran tenerlas”.

El dirigente, consideró que el nuevo esquema desalienta el encuadre y lo contó con números: “Pasamos de 6 mil solicitudes mensuales de licencia, que era un nivel bajo para la cantidad de usuarios del país, a 2.300. Eso, por estos impedimentos vinculados a los costos, problemas en web donde se hace el trámite y la necesidad de realizar viajes largos para obtener el certificado de aptitud psico física”, dijo, y consideró que “la relación entre la cantidad de usuarios y el vencimiento periódico de licencia (cada 5 años), indica que debería haber unas 7 mil solicitudes por mes”. En esta línea, en la Red se calcula que en el país hay 4 millones de armas de uso civil, pero solo entre 500 y 600 mil están registradas.

En la nómina de la ANMaC constan 1.606.741 armas a nombre de 1.012.542 usuarios. De ese total, 464.398 personas tienen su carnet vencido, según el organismo. Del mapa nacional, la Provincia de Buenos Aires concentra 451.907 usuarios, con un total de 653.865 armas de fuego.

MERCADO NEGRO

Américo García, presidente de Asociación de Legítimos Usuarios y tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA), entidad creada en 2005 que nuclea unos 4 mil asociados, señaló que “este nuevo sistema tendrá incidencia gravosa para la sociedad. Mucha gente no va a renovar la licencia de legítimo usuario por el costo y por los centros -de trámite del psico físico-, que son escasos. En ALUTARA prevén un escenario de creciente informalidad: “Hay legítimos usuarios que practican constantemente -tiro- como deporte y pueden pagarlo, pero hay que gente que no, que vive en la zona rural y tiene una escopeta, por ejemplo. Eso significa que está en la clandestinidad. ¿Cómo consigue munición? Si usted es legítimo usuario compra en la armería. Si no tiene que ir al mercado negro”.

La directora ejecutiva de la ANMaC, Natalia Gambaro, explicó que “en septiembre pasado entró en vigencia el Sistema Único de Certificados Psicofísicos que garantiza un único criterio de evaluación, la efectiva realización por parte del solicitante de los exámenes con identificación biométrica y el cumplimiento de protocolos y test específicos para determinar la aptitud de quienes desean tener o portar armas de fuego”. Desde el organismo se sostuvo que “con el sistema anterior, resultaba imposible conocer situaciones de no aptitud e incluso constatar la efectiva presencia del solicitante en los exámenes. Este, contempla la creación de un registro de personas que no resultan aptas para tener o portar un arma de fuego”.

Así, según Gambaro, “desde su implementación se registraron 750 postulantes no aptos”, por no pasar el examen psico físico, “de los cuales 389 estaban aplicando a un permiso de portación de armas de fuego. Esto significa la autorización a tener un arma en condiciones inmediatas de disparo”.

En otro orden, la funcionaria indicó que “la Agencia tomó conocimiento de causas judiciales y denuncias de trámites que se realizaban con certificados apócrifos. En algunas armerías funcionaba un ‘centro de soluciones’ para quienes deseaban tener un arma, ofreciendo un combo completo, con médicos y psicólogos adheridos, instructores de tiro. Esto aproximadamente tenía un costo de 5.000 a 7.000 pesos”. En suma, la ANMAC informó que “en los últimos 5 años, 23 especialistas, en 25 armerías, presentaron 85.654 certificados. Esto da un promedio de 15 certificados por día por profesional y torna dudosa su confiabilidad y autenticidad”.

Con respecto a la caída de pedidos de licencias sobre la que alertan las entidades, desde la ANMaC se respondió con una estadística anualizada: “Si observamos la cantidad de trámites ingresados, en función al corte anual realizado al 31 de diciembre de 2017 podemos observar que no se generaron determinantes fluctuaciones en relación a años anteriores”, indicó Gambaro y agregó que “si miramos las estadísticas de años anteriores podemos observar que la relación entre legítimos usuarios vigentes y vencidos mantiene una proporción a lo largo de los años. Por lo que no resulta posible afirmar que el mayor y más estricto control sobre los permisos para acceder a un arma de fuego, es motivo para no renovar la condición de Legítimo Usuario. Por otro lado, la condición de Legítimo Usuario tiene una validez de 5 años, a menos de un año de su lanzamiento, resulta por lo menos apresurado saltar a esas conclusiones”.

Según las regulaciones, fijadas en sucesivas leyes de los últimos 40 años, la licencia de usuario habilita la tenencia del arma en el domicilio, el traslado (descargada y en lugares no visibles) y el uso en polígonos. Además, hay que contar con el certificado de registro de cada pistola, revólver, escopeta o carabina. La adquisición de municiones también está bajo control, con una planilla para el usuario y un informe con el que los comercios habilitados rinden cuenta ante el Estado. También está la posibilidad de tramitar la licencia de portación, que permite llevar el arma cargada y defenderse en la calle.

Esta última opción es la que menos registros dados tiene y va a la baja, según las fuentes consultadas en el ANMAC, ALUTARA y la Red.

La polémica entre dirigentes y funcionarios se da en un contexto de violencia con una notoria presencia de armas, especialmente en casos de robos.

INFORMALIDAD Y DELITO

Según evaluó un jefe policial abocado a las investigaciones en la Ciudad, “el 70 % de las armas involucradas en todos los delitos que investigamos no están declaradas” y quienes las empuñan no tienen habilitación. Solo se ven papeles en algunos casos de violencia intra familiar o conflictos vecinales, apuntó el investigador. La última estadística disponible de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, muestra para La Plata un crecimiento del 80 % en los delitos con armas entre 2015 y 2016.

El certificado de aptitud pasó de costar $ 700 a $ 3.500 y sólo lo hace una empresa

Marcenac indicó que “la evaluación de datos del Ministerio de Salud de la Nación sobre muertes por causas externas, indica que entre 1980 y 2015 hubo un promedio de entre 8 y 9 muertos por día y 35 a 40 heridos. De ese total, solo 1 persona muere por un hecho de inseguridad o robo, 2 por suicidios y el resto por la presencia de armas en discusiones banales o disputas en casos asociados a delitos como el manejo territorial de la droga, por ejemplo”.

La semana que pasó, la Región fue testigo de otro caso doloroso marcado por la violencia, el robo y las armas. El jubilado Carlos S. de City Bell se defendió de un asalto empuñando un arma que, según las declaraciones en la investigación, guardaba en un cajón de una mesa de luz como elemento de defensa. El revólver y quien lo usó están fuera del sistema regulatorio.

“Es un milagro que haya salido esa bala y que no haya generado más daño”, analizó el propietario de una reconocida armería de la Ciudad para quien el caso es representativo de los peligros de estar fuera del encuadre legal. “Es un revólver muy viejo y que en su momento tuvo muchos problemas de fabricación. Hasta me tocó un cliente que trajo el reclamo porque quedó una bala trabada en el cañón”, dijo y concluyó en que el revólver Doberman calibre 32 -que Carlos S. conservaba como un recuerdo familiar del padre de su esposa- “no creo que pasara una prueba de calidad para poder registrarlo”.

ALREDEDOR DE 6 MIL PESOS

El registro de un arma, más el certificado de usuario tienen un costo total de unos 6 mil pesos, según señalaron las fuentes consultadas. Ese dinero habrá que gastar luego de encarar la compra de un arma que, para el caso usual de los interesados en la defensa personal, puede ir de los 3 a 4 mil hasta los 25 mil pesos. Se puede partir de ese piso, correspondiente a una pistola o revólver usados en buenas condiciones hasta el techo de un calibre 38 o 9 milímetros de primera marca. Ponerle balas sale entre 700 y 800 pesos, según los precios de mercado para una caja del calibre 22, 32, 38 o 9 milímetros.

La habilitación para los usuarios tuvo cambios en los últimos años. Entre esas modificaciones, la de 2006 fue impulsada por la tragedia que afectó a la familia Marcenac, cuando Afredo (18), hijo de Adrián, fue baleado en el barrio de Belgrano, capital federal, mientras caminaba con amigos. Marcelo Ríos, el asesino, no tuvo otro móvil que no fuera una enfermedad psiquiátrica y fue declarado inimputable. Así y todo, tenía un carnet de legítimo usuario. Los padres de joven asesinado comenzaron entonces una tarea comunitaria que impulsa el desarme. Actualmente, la ANMaC tiene en vigencia un programa que estimula la entrega de armas de fuego para su destrucción.

Desde este organismo se informó, además, que la tenencia de arma sin registro está considerada como una contravención, pero la falta se agrava en los casos en que se detecta la portación (traslado) sin los papeles, hasta transformarse en un delito.

En un contexto de preocupación por la presencia de armas en la vida civil, desde una armería de la ciudad se indicó en estos días que la venta “está planchada”, tanto en lo que hace a productos para caza o tiro deportivo, como para defensa personal. “Con el sistema de registro y la tendencia ecologista contra la caza, hasta tenemos gente que viene a ofrecer las suyas en venta”, indicó el comerciante.