Otra polémica por las retenciones

Desde el Gobierno lo niegan, las entidades del agro, con la Sociedad Rural a la cabeza formularon advertencias y quejas y todo el mundo comenzó a recordar “los pìquetes de la abundancia” que marcaron un punto de inflexión en la administración del kirchnerismo.

Lo cierto es que la posible modificación del esquema de reducción de las retenciones a la soja volvió a encrespar a un sector duramente golpeado en este momento por la sequía, pero que a la vez es clave en los precios internos de los productos de primera necesidad, precisamente los más afectados por la escalada de precios de los últimos días.

El globo de ensayo lanzado por el Gobierno y luego negado por el jefe de Gabinete Marcos Peña tiene un motivo, según estimó Mariana Dal Poggetto de la consultora EcoGo, cada punto que se quita de retenciones a la soja significa que el Estado deja de Recaudar 2.700 millones de pesos.

Por lo tanto, con el esquema actual de bajar 0,5 puntos cada mes, de aquí a fin de año el Gobierno resignará alrededor de 10 mil millones de pesos.

Y siempre de acuerdo a la misma consultora el impacto en la recaudación rondaría los 18 mil millones, aunque este valor puede crecer significativamente en relación con las cantidades que se exporten y con los precios de venta.

El plan de rebaja se inició en 2015, no bien asumió Cambiemos, cuando Mauricio Macri eliminó las retenciones al maíz, el girasol, el trigo, la carne y los productos de las economías regionales, a la vez que bajó las de la soja del 35% heredado al 30%. Con el sistema actual de quita, los exportadores de este cultivo serán los únicos que seguirán pagando retenciones, con un gravamen que será del 18% en enero de 2020, cuando haya finalizado la quita del 0,5% mensual

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EL DEFICIT COMO PROBLEMA

Mientras se profundiza el debate sobre el regreso de las retenciones, un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) advierte que más allá de las inquietudes que causan la persistencia de la alta inflación, la suba a niveles intolerables de la tasa de interés y la volatilidad del dólar, también emerge como factor de preocupación el enorme déficit externo que en el mes de abril alcanzó a 938 millones de dólares y acumula 3.420 millones de dólares en el acumulado de 29018 contra 1.290 de igual período de 2017 (ver gráfico).

Esto es el saldo negativo de divisas que se genera en las transacciones con otros países. En el 2017 llegó a casi 5% del PBI. Según lo datos oficiales de la Balanza de Pagos, en el año 2017 las importaciones de bienes superaron a las exportaciones en U$S 5 mil millones, el pago de servicios al exterior (fundamentalmente, turismo) superó a las ventas en U$S 10 mil millones y el pago de remesas de empresas extranjeras en el país a sus casas matrices y la compra de dólares por parte de argentinos alcanzó los U$S 15 mil millones. En suma, en el 2017 hubo un déficit de divisas del orden de los U$S 30 mil millones.

¿De dónde salieron los dólares para cubrir este desequilibrio? Según los datos del balance de pagos se observa que: El Estado nacional y los Estados provinciales tomaron deuda externa por unos U$S 34 mil millones para financiar sus déficits fiscales, las empresas privadas tomaron deuda externa por unos U$S 5 mil millones y así, el total de deuda externa tomada ascendió a U$S 39 mil millones.

Estos datos muestran que los dólares generados por exportaciones y ventas de servicios a extranjeros fueron muy inferiores a los dólares demandados para pagar importaciones, hacer turismo, pagar otros servicios contratados en el extranjero, atesorar dólares y enviar remesas al exterior. A su vez, también muestran que dicho desequilibrio fue cubierto con dólares que ingresaron por nueva deuda pública y privada contraída en el exterior.

Según Idesa, este que pasó a ser el principal problema de la economía argetina y que produce el resto de los efectos no deseados no se corrige con proteccionismo sino evitando el excesivo endeudamiento externo por el alto déficit fiscal. Por eso, para reducir el desequilibrio externo hay que reducir el déficit fiscal y cortar los gastos improductivos e inequitativos que pululan en el presupuesto nacional, preservando a los sectores más vulnerables.