La Unión Europea sanciona al círculo de poder de Maduro

La Unión Europea (UE) apuntó ayer al círculo de poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al sancionar a su actual vicepresidenta Delcy Rodríguez y a su predecesor, a raíz de la última elección presidencial “carente de credibilidad”.

Ambos dirigentes se encuentran entre las 11 personas a quienes los cancilleres europeos, reunidos en Luxemburgo, prohibieron viajar a la UE y congelaron sus activos en el bloque por socavar, en su opinión, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Los europeos buscan aumentar la presión sobre Maduro para lograr una solución negociada con la oposición a la crisis política que vive el país sudamericano, en un contexto de espiral hiperinflacionaria y de una severa escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos.

“Estamos viendo un colapso económico causado por el propio gobierno. Tenemos que trabajar todos juntos para tratar de restaurar el éxito económico y la estabilidad en Venezuela antes de que cause aún más miseria y caos”, dijo el secretario de Estado británico, Alan Duncan.

RÉPLICA DE CARACAS

El gobierno de Maduro criticó en un comunicado la decisión de la UE, que “constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de Venezuela, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional”.

Ante la presencia de 600.000 europeos residentes en Venezuela, según cifras de la Comisión Europea, los 28 miembros de la UE abogan por imponer “medidas restrictivas” individuales y no contra sectores económicos, para no perjudicar a la población venezolana.

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Además, a diferencia de Canadá, EE UU y Panamá que también adoptaron sanciones contra el país, la UE no sancionó al presidente Maduro para evitar así romper puentes de diálogo con Caracas, aunque con el nuevo paquete de sanciones se acercan cada vez más a él.

“La sanción no excluye en ningún caso la voluntad de diálogo”, expresó el canciller español, Josep Borrell, subrayando el enfoque del nuevo gobierno de Madrid en ayudar a lograr “soluciones políticas” ya que la crisis “no se va a resolver única y exclusivamente a base de sanciones”.

Días después de la reelección de Maduro con el 68% de los sufragios en comicios presidenciales anticipados el 20 de mayo, que boicotearon los principales partidos de la oposición, los cancilleres se comprometieron a adoptar “rápidamente” nuevas sanciones y pidieron nuevas elecciones.

De este modo, los europeos incluyeron ayer a tres responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellos su vicepresidenta Sandra Oblitas, en su lista de sancionados, por “facilitar la institución de la Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el proceso electoral”.

Su presidenta, Tibisay Lucena, fue sancionada en enero junto a otras seis personas, entre ellas el número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, flamante presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela.

Por sus acciones al frente de esta última institución hasta junio de 2018, como la “usurpación de las competencias del parlamento venezolano” de mayoría opositora y “su utilización para atacar a la oposición”, los europeos sancionaron a Delcy Rodríguez.

La elección en julio de la Asamblea Constituyente supuso el punto de inflexión para que los europeos empezaran a estudiar la imposición de medidas, junto a las manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos entre abril y julio de 2017.

En noviembre, los 28 países aprobaron así su primer paquete de sanciones, consistente en un embargo de armas y de material que pudiera ser usado para la “represión interna” y para la vigilancia o la interceptación de las comunicaciones.

FUERZAS DE SEGURIDAD

Pese a todo, su preocupación por la situación de los derechos humanos se mantiene. Prueba de ello son las sanciones impuestas ayer contra responsables o ex responsables de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia.

Entre ellos figura Tareck El Aissami, actual ministro de Industria y quien, cuando era encargado de supervisar la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como vicepresidente de Venezuela, es “responsable” de “torturas”, entre otros.

A Fredy Alirio Bernal Rosales lo acusan también de “violaciones de derechos humanos” como comisario general del SEBIN y de la “manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos” al frente del centro nacional de abastecimiento CLAP. (AFP, AP y EFE)