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Cumplen funciones que incluyen una amplia gama de operaciones comerciales. La fecha fue elegida en la década del ‘40
Los martilleros y corredores públicos, piezas claves para las operaciones inmobiliarias y otras actividades afines que motorizan la economía, celebran hoy su día. Las actos para la conmemoración fueron programados para el próximo 18 de octubre, según informaron en el colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, distrito La Plata.
Con el tiempo, la profesión se consolidó como pilar indispensable para numerosos emprendimientos vinculados al desarrollo económico, social y patrimonial de la Ciudad.
Entre las funciones de los profesionales del sector se cuentan las de efectuar ventas en remates públicos de cualquier clase de bienes -muebles, inmuebles, semovientes-, derechos, marcas y patentes; y en general, todo bien cuya venta no se encuentre prohibida por ley o haya sido encomendada a otras profesiones en forma particular-, como así también operaciones inmobiliarias de compra-venta y alquiler.
Dentro del marco legal que le brinda la Ley 10.973, la actividad de los martilleros cobra especial relevancia tanto en épocas en que el auge de la construcción incorpora nuevas unidades habitacionales al contexto urbano, como así también en momentos en los que no hay tanta oferta.
A su vez, la actividad especifica del corredor es la de gestionar, como intermediario, la conclusión de un contrato proyectado por su comitente. El objeto de su intervención puede estar vinculado a permutas; locaciones; y compras o ventas de muebles, mercaderías, inmuebles, rodados, créditos, letras, papeles de negocios, títulos y acciones -coticen o no en Bolsa-.
La fecha fue elegida porque un día como hoy, pero de 1943, en la ciudad bonaerense de Tandil se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la profesión en la que se consolidó la idea de crear una Asociación, Federación o Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.
Finalmente, el 22 de diciembre de 1945, se estableció que el 11 de octubre sería el «Día del Martillero Público”.
Desde agosto de 1986, la Federación Argentina de Entidades de Martilleros y Corredores Inmobiliarios (FAEMCI), declaró que en paralelo se celebre, también el Día del Corredor Inmobiliario.
El sector cuenta desde hace más de cinco décadas con la ley 6316, que fundó el colegio y que, como organismo de ley, el Estado le delegó la responsabilidad de la matrícula y la supervisión a quienes ejercen la profesión.
A su vez, la ley 10973 regula el ejercicio de la profesión, sus derechos y deberes, que normaliza las funciones, atribuciones y deberes de los colegios tendientes al bien común, en beneficio de los profesionales y de la tranquilidad de la ciudadanía que recurre a ellos con su patrimonio.
También se sabe que el 7 de julio de 1958 se constituyó el colegio provisorio en el departamento judicial de La Plata. El 24 de julio de ese año, por decreto, se constituyó como entidad civil y de bien público, iniciando así el colegio su nueva vida jurídica.
La entidad surgió por iniciativa de Alfredo Grassi. Tras diversas visitas de los escritorios de los martilleros de la Ciudad se vislumbró la necesidad de crear el colegio sectorial.
Después de tres años de intensa labor de quienes conducían la entidad, se consiguió la denominada ley de referencia. Varios fueron los proyectos presentados en la Legislatura bonaerense hasta que se adoptó la iniciativa del doctor César Alfredo Bravo, con lo cual se sancionó la ley el 14 de octubre de 1960.
Los profesionales del sector intentaron siempre encontrar nuevos objetivos superadores y en ese sentido se luchó por la obtención de una preparación de carácter universitaria.
Ese objetivo, precisamente, se cumplió con la sanción de la ley 25.028, aprobada el 29 de diciembre de 1999.
Mediante esa ley se prevé que sólo los egresados de la universidad puedan ejercer como martilleros y corredores públicos.
A partir de la sanción de la ley que requiere estudios universitarios para el ejercicio de la profesión, el Consejo Directivo propuso perfeccionar a los matriculados a través de diversos cursos de nivel universitario, dictados por la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Eso se logró mediante la firma de un convenio entre el colegio y la unidad académica de calle 48 entre 6 y 7.
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