Detrás de las historias, un flagelo en crecimiento

Detrás de las historias de las peluqueras solidarias de Las Mirabal, aparece en la mayoría de los casos el flagelo de la violencia de género, que no para de crecer en la Argentina.

Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Seguridad indican que a nivel país se hicieron un total de 441.977 denuncias durante 2018 por violencia de género o intrafamiliar.

Así se desprende de las estadísticas oficiales difundidas a principios de octubre por el Ministerio de Seguridad al lanzar el Plan Nacional para la Reducción de Femicidios.

Según las estadísticas de la Dirección de Coordinación de Políticas de Género y no Discriminación de esa cartera, la provincia en la que se realizaron la mayor cantidad de exposiciones en dependencias policiales es la de Buenos Aires, con 261.820 casos; seguida de Córdoba, con 54.121; Salta, con 16.218; Neuquén, con 14.364; Misiones con 12.798 y Santa Fe con 12.500.

Le siguen en orden Santiago del Estero con 10.990; Río Negro con 8.254; Tucumán con 8.112; Entre Ríos con 7.912; Mendoza con 7.507; la ciudad de Buenos Aires con 7.091; Chubut con 5.062; Corrientes con 3.928; La Rioja con 3.494, Chaco con 2.798; Tierra del Fuego con 2.409; Jujuy con 1.632 y Catamarca con 967, en tanto que no hay datos oficiales de las provincias de Santa Cruz, San Luis, San Juan, Formosa y La Pampa. Por otra parte, la tasa nacional de mujeres víctimas de femicidios se mantiene en 1,31 cada 100.000 habitantes y el lugar en donde ocurren la mayoría de los hechos es el domicilio particular de la mujer (72 por ciento de los casos), de acuerdo con cifras de 2017. En este marco, se informó ayer sobre la capacitación a jueces y policías sobre temas de violencia de género, la elaboración de un protocolo de actuación institucional y la inclusión de esta temática en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial, a través de un acuerdo firmado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y la Defensoría General de la Nación. El documento fue suscripto tras el caso de Olga Díaz, a quien el Estado reconoció que faltaron medidas de protección pese a las reiteradas denuncias de la víctima.