Kicillof designó a dos funcionarios procesados y habló de “persecución judicial”

Axel Kicillof designó a dos funcionarios que están procesados en diferentes causas. Sin embargo, el gobernador aseguró que esa situación no impide la asunción y además, disparó contra la Justicia: “Una causa iniciada en el marco de un proceso de persecución político, judicial y mediática no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para ejercer la función pública”, sostuvo.

Los ministros procesados son el titular de Salud, Daniel Gollán, y el titular de la Agencia de Recaudación (Arba), Cristian Girard, involucrados en dos procesos. Gollán, el ex ministro de Salud de la Nación está procesado en el marco de la causa del Plan Qunita. Girard, en la causa Dólar Futuro que instruye el juez federal Claudio Bonadio.

Las designaciones aparecieron publicadas esta mañana en el Boletín Oficial bonaerense, donde Kicillof utilizó el concepto de “Lawfare” para justificar los nombramientos, al que definió como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”. En los decretos, aseguró que ambos funcionarios son víctimas de esa presunta embestida.

El término "Lawfare" había sido utilizado días atrás por Cristina Kirchner durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2, que la investiga por presunto redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Incluso el presidente Alberto Fernández sostiene que existen arbitrariedades en causas contra Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios y sobre todo, un abuso de la prisión preventiva.

"Lawfare" es una contracción de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra jurídica” entendida como el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político.

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En la causa del Plan Qunita se investiga a varios ex funcionarios como coautores penalmente responsables del presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Uno de ellos es el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En ese listado aparece Gollán, ex ministro de Salud nacional.

El plan asistencial consistía en la entrega a madres de recién nacidos de un kit que contenía una cuna de madera con sistema de encastre, bolsillos de tela, colchón, un juego de sábanas -con un acolchado, un toallón y un saco de dormir-; indumentaria para el recién nacido y para la mamá. La lupa de la Justicia se posó sobre los funcionarios y las empresas que habían sido contratadas para proveer los equipos, ya que no tenían antecedentes en el rubro. Además se creen que se habrían pagado sobreprecios.

La causa del dólar futuro fue iniciada el 20 de octubre de 2015 por una denuncia de los entonces diputados Federico Pinedo y Mario Negri. Según ellos, la supuesta defraudación al Estado consistió en vender dólar futuro a 10 pesos sabiendo que la divisa cotizaría en alrededor de 15 pesos para la fecha en la que el gobierno debería cancelar esas operaciones. De ese modo, según consta en la causa, se habría generado una pérdida par el Estado de 17 mil millones de dólares. Uno de los procesados es Girard, entonces integrante de la Comisión Nacional de Valores.