Usurpaciones en Berisso: “Actuamos en el marco de la ley”, dicen en el Municipio

La denuncia penal que presentarán ante la Justicia cuatro familias berissenses usurpadas contra el intendente de la ciudad ribereña, Jorge Nedela, el secretario de Obras Públicas, Raúl Murgia, y el titular del área de Tierra y Vivienda, Paulo César Ferreira, por supuesta “connivencia con los usurpadores, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daños y perjuicios”, que este diario adelantó en su edición del domingo, tuvo ayer una respuesta por parte de la Comuna.

Consultado sobre la propiedad de los terrenos de las familias denunciantes, Ferreira dijo: “Por supuesto que son tierras privadas ocupadas. La Comuna reconoce eso. Pero nosotros nos venimos manejando dentro de la ley. Y en ese marco, hemos acercado a los dueños propuestas de solución”, apuntó el funcionario.

Vale aclarar que, cuando dice “dentro de la ley”, se refiere a la Ley provincial 14.449/2013 de “Acceso justo al hábitat”, a la Ley nacional 27.453/2018 “Régimen de regularización dominial para la integración sociourbana”, y a la Ordenanza municipal 3.583/2018 que creó el PASU (programa de acceso al suelo urbano), basada en las dos anteriores (ver recuadro aparte).

Vayamos por pasos, pues las idas y vueltas fueron muchas y los pleitos son complejos.

Alejandro Zufriategui contó a EL DIA que en febrero de 2017, un mes después de que pusiera un cartel que rezaba “se alquila” en su fábrica de plásticos de 30 y 162, le usurparon el predio.

“Yo no podía creer que Ferreira, cuando vino a hablar conmigo en calidad de funcionario, me preguntara ‘¿para qué quiere usted tanto terreno?’, al tiempo que me proponía una negociación: me dejaban el 50 por ciento del lugar a cambio de que cediera la otra mitad”.

LE PUEDE INTERESAR

Tras las malas notas en las pruebas PISA, ¿qué hacer con los resultados?

LE PUEDE INTERESAR

Familias sin respiro: en marzo subirá 20% la cuota de los colegios privados

Ferreira aclaró que “siempre” habló con los ocupantes “en la vereda o en mi oficina, jamás ingresé al predio del señor Zufriategui”, aseveró, para indicar que “en esos casos, lo primero que uno hace es consultar la titularidad de la tierra. Y en ese momento, las tasas municipales estaban a nombre de la Comuna. Por lo tanto, de entrada creímos que era un espacio fiscal. Luego, en el Registro de la Propiedad estaba la escritura a nombre de Zufriategui. Nosotros le ofrecimos el tipo de acuerdo que nos permite la ley, pero él no lo aceptó jamás”, admitió.

Añadió que “si bien no hay pruebas contundentes, todos hablan, en ese caso, de un entregador. Porque el galpón tenía un cuidador que habría vendido lotes y nunca más se supo de él”.

Paulo Ferreira aseguró que el día de la usurpación, cuando él llegó la Policía ya no estaba.

Después dijo que se puso en contacto con el dueño “días más tarde” de los hechos, aún “creyendo que eran tierras fiscales. Es mentira que yo alenté la ocupación”, enfatizó.

Vale recordar que Alejandro Zufriategui, quien tomó desde el inicio el camino judicial, obtuvo dos órdenes de desalojo por parte de la Fiscalía Nº 6: “Una fue frenada por un juez y la segunda por el Poder Ejecutivo Nacional basándose en la Ley nacional 27.453 (más conocida como ley del Renabap o registro nacional de barrios populares)”.

“El Saladero”

María Riquelme reclama el desalojo de su predio delimitado por las calles 19, 20, 151 y 152 Norte, hoy conocido como barrio El Saladero.

Allí estaba su marido construyendo un complejo de viviendas cuando, a fines de 2015, falleció. La primera semana de enero de 2016 se lo usurparon.

“Los funcionarios municipales facilitaron la toma. A punto tal que muchos ocupantes nos llegaron a decir que Ferreira les hacía llenar una planilla y les aseguraba que por 3 mil pesos al mes se les regularizaría el dominio de la tierra”, contó la mujer.

“Eso es falso”, respondió el titular de Tierra y Vivienda. “La planilla que rellenaba la gente está contemplada en la Ordenanza del PASU aprobada por el Concejo Deliberante. Y tiene por objeto contar con un registro de las personas que allí viven, para luego confeccionar una propuesta de solución entre las tres partes: propietario, ocupantes y Estado municipal”, explicó.

Aseguró que “la señora Riquelme siempre dice que tiene 4,5 hectáreas, y la ocupación abarca menos de una hectárea. De modo que si el Municipio alentara las usurpaciones como afirma, estaría todo ocupado”, consideró el funcionario.

Tras indicar que “toda la gente que vive allí ha pagado por los terrenos a los primeros ocupantes, quienes los engañaron, se los vendieron y se fueron”, Ferreira habló de las dos propuestas que se manejaron con María Riquelme.

De entrada, le propusieron lo siguiente: el Municipio se haría cargo de zonificar las tierras, poner luz y mejorar las calles, a cambio de lo cual se quedaba con el 30 por ciento de los terrenos. “Como ese preacuerdo nos convenía porque lo contrario era el riesgo de perderlo todo, y de nuestro 70 por ciento podíamos disponer libremente, lo firmé”, reconoció Riquelme. Pero enseguida aclaró que “nada de ello se cumplió, y después aparecieron con otra propuesta muy desventajosa”.

Ferreira admitió ese primer preacuerdo. “Aún no había salido la Ordenanza del PASU, por lo que el mismo tenía que ser refrendado por el Gobierno de la Provincia. Y nos dijeron que no, pues implicaba un gasto enorme para el Estado”, aseveró el funcionario.

¿El otro preacuerdo? “La dueña sigue quedándose con el 70 por ciento del lugar. Tenemos un plano con 138 lotes de 200 metros cuadrados cada uno, de los que 100 serían suyos. Pero debe venderlos a los valores que fija la ordenanza, no a valores de mercado. No obstante, eso implica unos 500 mil pesos por cada lote. Es decir, unos 50 millones de pesos contra los 10 millones que cuesta el macizo actual”, dijo Ferreira. “Está listo para la firma. Por supuesto que ella no tiene la obligación de aceptarlo. En ese caso tendría que ir por el lado de la Justicia. Aunque la Comuna, insisto, se maneja dentro de la leyes provinciales y nacionales en la materia”, remató.

En tanto, las cuatro familias usurpadas ratificaron ayer que esta semana harán la denuncia penal contra el intendente y sus colaboradores.

“Sí, se trata de tierras privadas ocupadas. Pero la Comuna siempre se manejó dentro de la ley”