Directora de Fundación red por la Infancia

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Esto significa que en la Argentina hay potencialmente casi dos millones de víctimas de abuso sexual. El incremento en las denuncias recibidas por el programa contra el abuso sexual infantil que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego del lanzamiento de la primera campaña nacional de abuso sexual en la infancia, nos dan un claro indicio de la magnitud de esta problemática. Durante el primer trimestre de 2017, las llamadas aumentaron 3.000% y se registraron 507 nuevos casos de abuso -un promedio de 6 nuevos casos diarios a nivel nacional-. Luego de la denuncia de Thelma Fardin a fines de 2018, las denuncias crecieron nuevamente más de 1.200 por ciento. En el 80% la violencia es intrafamiliar, por lo que debemos reconocer que la familia puede ser el lugar de mayor cuidado pero también de mayor riesgo para los niños. Si bien no hay estadísticas oficiales a nivel nacional, no sólo respecto a las denuncias sino también en cuanto al resultado de las mismas, se estima que se denuncian sólo el 10% de los casos y de ellos se esclarecen sólo 1 o 2% de los casos denunciados. O sea, de cada 1.000 abusos, se denuncian 100 y se condena uno. Es uno de los delitos más masivos e impunes de la sociedad. Hoy se necesitan en promedio casi 7 años para que haya sentencia firme en los casos de abuso sexual, el doble que cualquier otro tipo de delito penal. La infancia del niño queda atrapada en un proceso que -encima- no es respetuoso de sus derechos y le causa mayor sufrimiento. El diseño del sistema actual no permite abordar estos casos de manera eficiente y no ofrece una respuesta oportuna, adecuada y coordinada frente a la debida diligencia que establecen los estándares internacionales. Los principales obstáculos en el proceso de Justicia radican en la arquitectura actual del sistema judicial, que establece la fragmentación del conflicto. El 80% de los abusos sexuales son intrafamiliares, lo que significa que hay dos procesos diferentes: el penal y el civil, con lógicas y tiempos diferentes. La falta de coordinación entre los fueros y con el resto de las instituciones intervinientes (policía, organismos de protección, salud y educación) agrava este escenario. En enero de 2019, la unidad de investigación de The Economist realizó un estudio a nivel mundial para evaluar la capacidad de respuesta de 40 países frente al abuso sexual en la infancia. La Argentina ocupó el puesto 35 de 40, donde se destaca como puntos centrales la ausencia de estadísticas confiables que permitan dimensionar la magnitud del problema en tiempo real y la falta de políticas públicas coordinadas más allá de programas aislados con alcance limitado. Sin datos la violencia es invisible y no se pueden formular políticas públicas efectivas y eficaces.