No aceptan a Bidone como arrepentido y procesan a ex policías
Edición Impresa | 13 de Abril de 2019 | 03:40

El fiscal federal de Dolores, Juan Curi, rechazó ayer que su colega de Mercedes Ignacio Bidone, declare como arrepentido en la causa de espionaje ilegal que se sigue contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, al considerar que el funcionario judicial que se encuentra suspendido en sus funciones “no tiene elementos nuevos” para aportar al expediente.
“Estuve ante el fiscal dando las explicaciones que debo dar y ofrecí mi colaboración para que la investigación pueda avanzar, pero el fiscal Curi no aceptó mi declaración como arrepentido”, indicó Bidone en declaraciones a la prensa formuladas al salir de los Tribunales de Dolores.
Bidone, que admitió haberle entregado información sobre algunas causas a D’Alessio, deberá prestar declaración indagatoria el próximo jueves ante el juez Alejo Ramos Padilla.
“Lo que iba a contarle al fiscal es lo mismo que le voy a decir la semana que viene al juez”, remarcó Bidone.
Procesan a ex policías y espías
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó ayer con prisión preventiva a los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y al ex espía Rolando Barreiro como integrantes de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, en la causa por la cual está procesado y detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio, informaron fuentes judiciales.
Además el magistrado les trabó embargos sobre sus bienes, a cada uno, hasta cubrir los 10 millones de pesos y le amplió el procesamiento a D´Alessio, según la resolución del juez de Dolores.
“Se ha logrado comprobar -con el grado de exigencia que se impone para el dictado de esta resolución- la actividad de forma organizada y con permanencia en el tiempo de una asociación ilícita que ha llevado adelante maniobras y operaciones”, tales como “la realización de tareas de inteligencia e investigación criminal sin que sus miembros posean facultades legales para ello”, sostuvo el juez.
El magistrado también afirmó que fue comprobada “la captación de comunicaciones, registro de migraciones y acceso a información reservada sin la debida autorización judicial”, la realización de “maniobras coactivas e intimidatorias” y “actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, el patrimonio y la situación política del país”.
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